Santo Domingo, República Dominicana — El Ministerio Público ha lanzado
la Operación Pandora, dirigida contra una red criminal
integrada por miembros de la Policía Nacional, encabezada por
un coronel que lideraba la Intendencia de Armas de la institución. La red está
acusada de la sustracción de más de 900,000 proyectiles.
La investigación comenzó en octubre pasado,
después de que el Ministerio de Interior y Policía y la
dirección general de la Policía Nacional solicitaran una investigación
exhaustiva.
En la ejecución de la operación participaron
más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía
Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones
Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales que
realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las
provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez, y Pedernales.
Entre los detenidos se encuentra el coronel Narciso
Antonio Féliz Romero, responsable de la custodia de armas y
municiones, junto con el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
Otros arrestados incluyen al capitán Nelson Valdez, encargado
del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, y el capitán auditor Víctor
Manuel Santos, acusado de manipular una auditoría en febrero para
encubrir el robo de municiones. También se arrestó al segundo teniente Marino
Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao
Central.
En la operación también fueron detenidos el
sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan
Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez, alias
"Escobar", y Moreibin Medina Pérez, así como Miguelina
Bello Segura, quienes jugaban roles clave en la logística operativa de
la red.
El Ministerio Público destacó que el capitán
Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, no solo
manipuló datos en la auditoría de febrero, sino que también colaboró con los
líderes de la organización para intentar manipular nuevamente la información
mientras avanzaba la investigación, lo que fue detectado rápidamente por los
investigadores.
En las últimas semanas, los fiscales y
equipos técnicos del Ministerio Público trabajaron intensamente para consolidar
la Operación Pandora, basándose en una auditoría de la Policía Nacional que
reveló serias violaciones, tanto disciplinarias como penales.
Durante la investigación, se incautaron armas,
proyectiles, evidencias digitales, cientos de
registros económicos, testimonios, y datos extraídos de dispositivos
electrónicos, constituyendo un sólido conjunto de pruebas para llevar ante el
juez de instrucción.
El Ministerio Público subrayó la importancia
de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el
crimen organizado y valoró la denuncia presentada por la Policía Nacional como
un acto de compromiso con el Estado de derecho y la reforma
policial. “Este caso será un hito en la lucha contra la corrupción
dentro de las fuerzas del orden”, afirmó el organismo en un comunicado oficial.
