Fuente externa
República
Dominicana se ha convertido en el centro de una compleja red empresarial
vinculada al presunto lavado de dinero derivado de contratos sanitarios durante
la pandemia. Entre marzo de 2021 y agosto de 2022, se constituyeron al menos 14
sociedades en el país, según registros mercantiles analizados. Estas empresas,
relacionadas con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, abarcan
sectores como distribución de material sanitario, construcción y transacciones
inmobiliarias.
Vinculación con José Luis Ábalos y Víctor de Aldama
El
empresario Víctor de Aldama, señalado como una figura clave en esta red de
corrupción, acusa directamente a Ábalos de ser el principal beneficiario de
comisiones ilegales. Según Aldama, la fortuna del exministro estaría oculta en
la isla caribeña, utilizada no solo para esconder capitales, sino también como
destino para lujosas estadías. Entre las empresas identificadas figuran
Megalab, Pronalab y Modular HV Corp, algunas de las cuales no tienen
operaciones reales y están ubicadas en solares vacíos o edificios abandonados.
Participación de Colaboradores Clave
César
Moreno e Ignacio Díaz Tapia, colaboradores cercanos de Aldama, desempeñan un
papel crucial en las operaciones. Díaz Tapia, desde mediados de 2022, figura en
Reusa, una constructora, mientras que Moreno está relacionado con Modular HV
Corp, también en el sector de la construcción. Además, Bernardo Castillo Pérez,
quien se presentaba como asesor del Ministerio de Transportes durante la
gestión de Ábalos, está asociado con otras seis empresas registradas en
República Dominicana y gestionaba contratos para la compra de material
sanitario.
Actividades Empresariales y Mediación Internacional
Uno de
los proyectos más destacados de la red fue la implementación de pruebas COVID-19
en hoteles de Punta Cana, un paso importante para la reactivación del turismo.
Esta iniciativa, que comenzó en mayo de 2021, contó con la mediación de Zurab
Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo,
quien fue invitado a República Dominicana por Castillo. Paralelamente, se
realizaron inversiones en un centro médico en Santo Domingo, financiado por
empresas vinculadas a la trama, como Probalab y Megalab, durante la Feria
Internacional del Turismo en Madrid, en la que participaron varios
representantes del sector y se reunieron con Ábalos.
Acusaciones de Comisiones Ilegales y Pruebas
Entregadas
Según un
documento presentado por Víctor de Aldama a la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, se habrían pagado 19,5 millones de euros en comisiones
ilegales a altos cargos del Gobierno. Aldama acusa a Ábalos de haber recibido
dos millones de euros, además de 250.000 euros en efectivo entregados
directamente en su despacho del Ministerio de Transportes. El exministro niega
haber recibido dinero del empresario.
El
listado también menciona a Koldo García, asesor de Ábalos, quien habría
recibido 500.000 euros y otros 100.000 euros en efectivo. Parte de este dinero,
según la investigación, podría haberse destinado al alquiler de un chalet en
Sotogrande, Cádiz, para el disfrute del exministro. Otros nombres incluidos en
el documento son alias como ‘Bolarque’, ‘J. Core’, ‘Israel’, ‘Cristian’ y
‘Bernardo’, quienes habrían recibido cantidades entre 100.000 y tres millones
de euros. Además, parte de los casi 20 millones de euros gestionados por Aldama
se habrían utilizado para alquilar una aeronave privada valorada en 5,5
millones de euros.
Enlace con España y Ayuda Oficial
Aldama ha
comenzado a aportar pruebas para respaldar sus acusaciones, incluyendo un
portafolio que, asegura, proviene del Palacio de la Moncloa. Dentro de este se
encontraba una autorización firmada por Ábalos, nombrando a Aldama como enlace
oficial entre España y Venezuela. En una carta dirigida al líder opositor venezolano
Juan Guaidó, el exministro expresaba el interés del Gobierno en fortalecer
relaciones y ofrecer ayuda a Venezuela a través de las gestiones de Aldama.
Este
escándalo surge en un contexto en el que se reveló que el Gobierno español, a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), otorgó en 2021 una
subvención de 250.000 euros a la Policía Nacional de República Dominicana para
proyectos de mejora en prevención e investigación policial.
Investigación en Curso
Las
acusaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo y los fondos gestionados
por Aldama apuntan a un posible entramado de corrupción. Las autoridades
continúan investigando las implicaciones de esta red, que podría tener un
impacto significativo tanto en República Dominicana como en España.
