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La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de
Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió posponer la audiencia para
la medida de coerción de los acusados en la Operación Pandora al lunes 25 de
noviembre.
En este caso, están implicados ocho miembros
de la Policía Nacional, una civil, y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
Entre los involucrados se encuentran Narciso Antonio Féliz Romero, coronel
responsable de la custodia de armas y municiones, y Juan Miguel Pérez Soler,
quien ocupaba el cargo de subintendente.
La defensa solicitó el aplazamiento para
tener más tiempo para revisar la acusación, que fue presentada la noche del
pasado lunes. "El Ministerio Público siempre presenta muchos argumentos,
pero confío en que todo saldrá bien con mi clienta", declaró el abogado de
la imputada civil, Miguelina Bello Segura.
Por su parte, el abogado del segundo teniente
Marino Antonio Rodríguez, armero de la Dirección Regional Cibao Central,
describió la medida como una "simple medida de coerción" y señaló que
"el Ministerio Público suele quedarse corto en estas ocasiones".
La fiscalía ha solicitado que el caso sea
declarado complejo debido a la gravedad de los cargos. Entre los otros
implicados se encuentran el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien
presuntamente alteró una auditoría en febrero para ocultar la desaparición de
cientos de municiones; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat; el cabo
Juan Luis Díaz Medina; y el raso Rubiel Martínez.
El Ministerio Público sostiene que la medida
coercitiva está basada en la supuesta sustracción de 900,000 proyectiles y
otros equipos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Los cargos
incluyen lavado de activos, falsificación de documentos públicos, asociación de
malhechores y violaciones a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas,
Municiones y Materiales Relacionados.
Según el procurador adjunto Wilson Camacho,
la acusación se apoya en 235 elementos de prueba que han sido presentados en el
expediente.
