ARCHIVO – Agentes de la Administración de Control de Drogas en Florida, el 13 de junio de 2016. (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)
(Joe Burbank / Associated Press)
Por JOSHUA
GOODMAN
MIAMI —
Un organismo federal de
control criticó a la agencia estadounidense antidrogas, DEA, por no reportar
oportunamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus pares
del orden público en Latinoamérica, que admitieron haber sometido a
ahogamientos simulados, sofocación y tortura a sospechosos de delitos.
El memorando de
asesoramiento en materia de gestión, publicado el martes por la Oficina del
Inspector General del Departamento de Justicia, se centra en las obligaciones
de la DEA de conformidad con lo que se conoce como Ley Leahy, que prohíbe a
Estados Unidos dar asistencia a las fuerzas de seguridad que violen los
derechos humanos.
Los funcionarios de
política exterior y las unidades que trabajan estrechamente con la DEA en el
frente de la guerra contra las drogas deben someterse a una investigación para
cumplir con la ley, que es una de las herramientas más importantes de Estados
Unidos para promover el respeto a los derechos humanos entre las fuerzas de
seguridad.
El Inspector General, como parte de una auditoría en
curso sobre el uso de exámenes de polígrafo por parte de la DEA como un
elemento del proceso de investigación, encontró cinco casos en los que la DEA
no notificó al Departamento de Estado sobre las posibles violaciones que
encontró el año pasado.
En uno de los casos, tres funcionarios de una nación
centroamericana no identificada admitieron haber sometido a ahogamientos
simulados y colocar bolsas de plástico en la cabeza de sospechosos para obtener
información, indicó el organismo de control. Otro, también de Centroamérica,
que había recibido aprobación para recibir entrenamiento de otro organismo
federal estadounidense, reconoció haber usado un arma de electrochoques hasta
que los sospechosos se desmayaban o vomitaban. Finalmente, un funcionario de
una unidad dirigida por la DEA en un país sudamericano admitió haber golpeado a
un sospechoso detenido mientras estaba esposado a una silla.
En los cuatro casos, la agencia antidrogas esperó
hasta que el Inspector General planteara sus preocupaciones —en un caso, casi
nueve meses— antes de reportar sus hallazgos al Departamento de Estado.
Hasta el momento, la DEA no ha respondido a una
solicitud de comentarios.
Sin embargo, como parte de la auditoría, el organismo
dijo al Inspector General que, en el momento de los incidentes, no contaba con
una política, procedimientos y entrenamiento para garantizar que los posibles
infractores fueran puestos en conocimiento del Departamento de Estado. Desde
entonces, ya ha actualizado sus políticas para entrenar a los agentes de
conformidad con los lineamientos de la Ley Leahy y garantizar que los
infractores sean identificados oportunamente.
La semana pasada, el Inspector General publicó un
reporte de 49 páginas donde detalla cómo, en años recientes, la DEA contrató a
casi 300 agentes especiales y analistas de investigación que no aprobaron un
examen de polígrafo requerido durante el proceso de incorporación, o que
proporcionaron información que los descalificaba durante el examen.
Aunque, por lo general, los exámenes de polígrafo no
son admisibles en procedimientos legales, se utilizan frecuentemente por los
organismos federales del orden público y para autorizaciones de seguridad
nacional.
Durante mucho tiempo, la DEA ha sido un obstáculo
entre los organismos federales del orden público al no exigir que sus
solicitantes pasen una prueba con el detector de mentiras antes de ser
contratados. Sin embargo, el organismo endureció sus procedimientos en 2019,
tras una serie de escándalos en otros países, que incluyeron revelaciones de
que un agente, que alguna vez fue una estrella en Colombia y que conspiró con
los cárteles, fue contratado a pesar de mostrar señales de engaño en el
polígrafo.
