Jochi Gómez, detenido desde el miércoles en la noche, fue sacado de la cárcel para nuevo interrogatorio ayer en la PEPCA.
Mientras
los siete detenidos por el escándalo del contrato de los semáforos pasaban su
segunda noche en prisión, el ministerio público avanza en la preparación de la
medida de coerción que depositara hoy en contra de Jochi Gómez, el exdirector
del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras
y otros cinco arrestados durante la operación Camaleón.
Los
fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), agilizan las instancias debido a que el plazo de las 48
horas que establece la Constitución vence hoy alrededor de las 8:00 de la
noche, desde el mismo momento que fue dejado detenido Gómez, en la Procuraduría
General de la República.
La
instancia será depositada hoy ante el juzgado de Atención Permanente del
Distrito Nacional, donde solicitarán al juez que ordene prisión preventiva y
también podrían solicitar declarar el caso complejo.
El
grupo, integrado además por Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de
Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden,
coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras
del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de
Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Los
imputados están representados por los abogados Carlos Balcacer y Carlos
Olivares, quienes defenderán a Jochi Gomez, mientras que Laura Acosta y Luis
Rivas, asistirán a Hugo Beras.
Los
juristas Nolasco Rivas y Michel Pérez Fuentes asistirán como defensores de
Frank Díaz, mientras que los doctores Miguel Liria y John Frías, defenderán a
Francisco Álvarez y el abogado José Valdez Fernández asumirá la defensa de
Padovani Báez.
El
ministerio público acusa al grupo de pertenecer a una red de corrupción y
crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación,
coalición de funcionarios y contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo
contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de
identidad.
Los
imputados se encuentran recluidos en el Centro de Atención y Privación de
Libertad de Ciudad Nueva (CAPLIP-2), de donde serán trasladados al tribunal que
decidirá sobre la imposición de prisión preventiva.
Durante la operación, desplegada en la noche del miércoles, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En estos operativos
participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades
Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Los
fiscales informaron que durante los allanamientos se ocuparon cientos de
evidencias que confirman las imputaciones del ministerio público, que los ha
calificado como unos de las “más exitosas de sus operaciones contra el crimen
organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos
se prolongó por más de 12 horas”.
Entre
los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato para la
modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato
con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020,
utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia,
seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red
semafórica en el mes de agosto.
Nuevo
interrogatorio
Ayer
en la tarde Jochi Gómez fue trasladado a la Procuraduría General de la
República para ser interrogado por su vinculación en el sonado caso, según
informó su abogado Carlos Balcácer a la salida de la cárcel del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición.
Tras
ser preguntado sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, al que se le
acusa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, indicó
que podrían “ser 100 años de cárcel, no importa, no hay elementos suficientes
que puedan justificar esa condena”.
De
igual forma, indicó que “un tonto” de la Procuraduría, que no son los fiscales
“Yeni (Berenice) ni Wilson (Camacho)” estaba buscando una caja roja donde
supuestamente Jochi Gómez guarda el virus Pegasus, que a su entender no existe.
Pero,
¿de qué se les vincula?
En
la orden de arresto emitida por la jueza del Juzgado de Atención Permanente del
Distrito Nacional, Fátima Veloz, el ministerio público define a Hugo Beras como
el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red
semafórica y el sistema de videovigilancia”.
Y
señalan que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras “dirigió y autorizó
la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las
capacidades técnicas requeridas”.
Además,
la PEPCA indica que Beras fue clave en la integración de “nuevas autoridades al
proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que
desviaron recursos del Estado”.
Asimismo,
Frank Díaz Warden habría participado en la adjudicación irregular de contratos,
y “su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que
beneficiaron a los imputados”.
También
que habría influenciado en que las decisiones del comité de ventas del Intrant
favorecieron a empresas vinculadas a la estructura “corrupta”.
Baquero
Sepúlveda, quien era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del
Gran Santo Domingo, “facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam
S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”.
Según
la PEPCA, Baquero Sepúlveda habría adaptado la evaluación pericial en el
proceso de licitación para favorecer a Transcore Latam.
“Tuvo
una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento,
comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos
públicos”, dice la acusación contra Baquero Sepúlveda.
Jochi
Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán, fue el “el principal
beneficiario económico del esquema corrupto”.
Las
autoridades indican que a través de su empresa Aurix S.A.S., “controló
fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia”.
Además,
habría utilizado a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar
fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
Gómez
es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y
manipulación de fondos públicos, “constituyendo una clara amenaza a la
integridad financiera del Estado”. También se le vincula con ser el responsable
principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024,
en el gran Santo Domingo.
Padovani
Báez, quien sería uno de los socios de Gómez, habría sido una de las piezas
claves en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.
El
documento indicó que tras renunciar a su cargo en Intrant, colaboró de “manera
directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.”.
“Posee
participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación
de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red
semafórica”, detalla la acusación contra Padovani Báez.
Carlos
José Peguero Vargas, a quien atribuyen como el responsable de movilizar fondos
a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam
S.R.L.
Además,
“es el encargado de los asuntos técnico–informáticos de la estructura de
vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos,
desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita”.
Fiscales
incautan
Laura
Acosta, una de las defensoras de Hugo Beras, informó que en los allanamientos
en la residencia en la capital del exfuncionario incautaron el teléfono
celular, una caja fuerte vacía que habían comprado recientemente y varios
documentos.
“Me
dice su esposa que lo que ella vio que se llevaron fue una caja fuerte que
acaban de comprar y estaba vacía porque ella había dejado la llave adentro y no
abría, el celular de Hugo y unos documentos”, dijo Acosta a la salida de la
cárcel donde vio a su cliente.
Además,
los fiscales se llevaron dos vehículos propiedad del Beras, según Acosta, al
tiempo en que indicó “no recuerdo qué más (bienes) ahora mismo”.
La
abogada de Beras denunció la forma “arbitraria” en que se produjo el arresto de
su cliente, debido a que sucedió en presencia de su hijo más pequeño, cuando su
esposa lo bañaba.
Guillermo
Gómez
El
periodista Guillermo Gómez reveló que su hijo Jochi Gómez, detenido ayer por
las autoridades, trajo al país el exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike
Pompeo, porque lo querían acusar de terrorismo y sabotaje con los semáforos.
Gómez
afirmó que defenderá a su hijo y dijo que su apresamiento se había dispuesto
desde el pasado viernes, aunque fue ayer que se ejecutó.
Se
definió como un padre responsable que defenderá a su hijo, pero. No importa, si
mi hijo Jochi ha violado la ley, ha violado algo, tiene que responder, ante la
justicia y defenderse al ser entrevistado, vía telefónica, en el programa Hoy
Mismo.
DNI
advirtió a Hugo Beras
Antes
de que fuera definida la licitación del Proyecto de Modernización, Ampliación,
Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y
la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el Departamento Nacional de
Investigación (DNI) envió una carta a Hugo Beras, donde le advertía se debía
mantener bajo estricta confidencialidad y en un exclusivo control del Estado la
plataforma de semáforos.
En
la misiva que fue enviada al exdirector del Intrant por Luis Soto, director del
DNI, este hizo una serie de consideraciones que se debían evaluar de manera
minuciosa antes de finalizar la licitación, debido a que el proyecto suponía
“una dependencia tecnológica importante”.
“Un
eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizada a estos sistemas podría
acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado
de conmoción que como dominicanos debemos evitar”, advierte Soto a Beras, según
se lee en el documento.
Ante
esto, Soto recomendó a Beras dar garantía de que la información generada por la
plataforma sea manejada bajo estricta confidencialidad, “siendo custodiada de
manera única y exclusiva por el Estado dominicano por considerarse sensitiva
para la seguridad nacional”.
Asimismo, el documento señala que se debía asegurar la interoperabilidad de acceso a cualquier información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana, como es el caso del DNI. Por Ramón Cruz Benzan, Listín Diario
