Hugo Beras (Derecha) y Jochi Gómez (Izquierda) son acusados en el caso de corrupción del Intrant. Fuente externa
Desde asociación de malhechores, sabotaje, robo de
identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo... así son
parte de los cargos de los siete involucrados en la Operación Camaleón,
el sonado caso de supuesta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre (Intrant).
Los acusados son Hugo Beras
Goico, ex director del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador
de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del
Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Jochi Gómez, dueño de
Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de
Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Pero, ¿de qué
se les vincula?
En la orden de arresto 2024-AJ0020784, Hugo Beras Goico Ramírez es definido por el Ministerio
Público como el “coautor y
principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el
sistema de videovigilancia”.
Y señalan que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras
Goico “dirigió y autorizó la
adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin
las capacidades técnicas requeridas”.
Además, la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA) indica que él fue clave en la
integración de “nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la
participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado”.
Asimismo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden habría participado en la
adjudicación irregular de contratos, y “su rol fue la manipulación de la licitación y
la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados”.
También que habría influenciado en que las decisiones
del comité de ventas del Intrant favorecieran a empresas vinculadas a la
estructura “corrupta”.
Samuel Gregorio Baquero
Sepúlveda, quien era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del
Gran Santo Domingo, “facilitó el
control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que
no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”.
Según la
PEPCA, Baquero Sepúlveda habría adaptado la evaluación pericial en el
proceso de licitación para favorecer a Transcore Latam.
“Tuvo una participación
activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la
transparencia en el uso de fondos públicos”, dice la acusación contra Baquero
Sepúlveda.
Jochi Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán, fue
el “el principal beneficiario
económico del esquema corrupto”.
Las autoridades indican que a través de su empresa Aurix S.A.S., “controló fraudulentamente los sistemas
semafóricos y de vigilancia”.
Además, habría utilizado a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para
movilizar fondos obtenidos
ilegalmente y realizar lavado de activos.
Gómez es investigado por lavado
de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos
públicos, “constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera
del Estado”. También se le vincula con ser el responsable principal del
sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran
Santo Domingo.
Pedro Vinicio Padovani Báez, quien sería uno de los socios de Gómez,
habría sido una de las piezas claves en el manejo y supervisión del centro
de control de tráfico.
El documento indicó que tras renunciar a su cargo, colaboró de “manera
directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.”.
“Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de
los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red
semafórica”, detalla la acusación contra Padovani Báez.
Carlos José Peguero Vargas, a quien atribuyen como el responsable de
movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero
adjudicado a Transcore Latam S.R.L.
Además, “es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la
estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos, desvío de fondos públicos y
colaboración en la estructura financiera ilícita”.
¿De qué se les
acusa?
Los siete son investigados por la presunta violación de varios delitos.
El primero es de proscripción
de la corrupción, contenido en el artículo 146, numeral 1 de la
Constitución de la República Dominicana; y los artículos 123 y 124 (coalición
de funcionarios).
También de uso de documento
privado, resumido en los artícuos 147, 150 y 151 del Código Penal
dominicano; de desfalco, en
los 171 y 172; de asociación
de malhechores, en los artículos 265 y 266; así como el artículo 405, de
estafa en perjuicio del Estado dominicano.
De los artículos 11, 17, 27, y 28, que detallan los delitos sobre sabotaje, robo de identidad, crímenes y
delitos contra la nación, y actos de terrorismo, de la Ley a
53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
De los artículos 5, 33, 34, 35, 36, que tratan de contrabando y
corresponde a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito
Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
También los acusan de Lavado de Activos, especificamente de los
artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 1 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos
y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los artículos 5, y 8 letra F,
de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
detenidos en
palacio de justicia
Los siete acusados fueron detenidos la noche del miércoles luego de varios allanamientos en el Distrito Nacional, principalmente en la residencia de Hugo Beras y en Aurix, la empresa de Jochi Gómez. Por Carolina Pichardo, Listín Diario
