En El
Salvador, cerca de 50 empleados del sector gubernamental han sido despedidos
tras participar el sábado pasado en una protesta en contra de los recortes
presupuestarios en salud y educación. Esta información fue confirmada el jueves
por una fuente sindical.
Idalia
Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, informó en rueda
de prensa que "42 compañeros (...) fueron notificados de su despido,
pertenecen al sector salud". Zúniga también señaló que en el gremio de
maestros, ella fue la primera de nueve docentes despedidos.
"El
Gobierno está atacando a los trabajadores y al sector sindical, por lo que
rechazamos enérgicamente estas acciones," afirmó Zúniga.
Hasta el
momento, las autoridades gubernamentales no han hecho declaraciones en relación
con estas denuncias de despidos.
La protesta
del sábado, en la que participaron alrededor de mil médicos y docentes, buscaba
instar al presidente Nayib Bukele a mantener un pago adicional otorgado según
categorías o años de servicio, el cual ha sido eliminado en el proyecto de
presupuesto estatal de 2025. Este incentivo es el único beneficio adicional
para los trabajadores de salud y educación.
La dirigente
sindical adelantó que los trabajadores despedidos acudirán a instancias
nacionales e internacionales en busca de justicia.
En relación
con el caso de la maestra Zúniga, Gina Romero, Relatora Especial de Naciones
Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación,
expresó su "preocupación" a través de la red social X, destacando que
"el derecho a la libertad de asamblea pacífica no debe ser castigado, y
mucho menos la labor de los líderes sindicales."
Mientras
tanto, una comisión legislativa revisa el proyecto de presupuesto general del
Estado para 2025, que se estima en 9,663 millones de dólares. Según el ministro
de Hacienda, Jerson Posada, la continuidad del escalafón en salud y educación
supondría un gasto anual de 50 millones de dólares, cifra considerada
"excesiva" para las finanzas públicas.
