Jochi Gómez, uno de los imputados en caso Camaleón. Fuente externa
Pasadas las dos de la tarde de este miércoles, la Oficina de Atención
Permanente del Distrito Nacional continuó con la audiencia de conocimiento de
medida de coerción contra los siete implicados en caso Calamaleón
En esta
audiencia, que se celebra en la Sala Audiencias del Tercer Tribunal Colegiado
por motivos de espacio, la defensa del empresario Jochi Gómez, encabezada por Gustavo Balcacer, se encuentra defendiendo sus
argumentos ante la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Gómez está
imputado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, adesfalco,
lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros.
Además, es
señalado como el principal responsable del sabotaje a la red semafórica en el
gran Santo Domingo, a finales de agosto de este 2024, así como también de actos
de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución contra la
Corrupción Administrativa (Pepca) aduce en el expediente que Gómez Canaán, a
través de su empresa Aurix,
controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia y que
utilizó a Transcore Latam y Dekolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente
y realizar lavado de activos.
Gómez está pautado a también a tomar un turno en el estrado
para defenderse de las acusaciones que se le imputan.
Para este miércoles, por igual hablarán ante el tribunal la
defensa de Carlos José Peguero Vargas, quien es acusado de movilizar fondos a
través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a
Transcore Latam; por igual era el encargado de los asuntos
técnicos-informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez
Canaán, dice el organismo. De igual forma colaboró en la construcción de la
estructura financiera ilícita de este.
A este se le acusa de asociación de malhechores, estafa
contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica, y
en actos de terrorismo en contra infraestructuras críticas del Estado
dominicano.
Por el caso se encuentran acusados otros cinco imputados,
incluyendo al exdirector del Instituto
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.
Al grupo se le acusa de cometer delitos de alta tecnología,
lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el
estado a través de las contrataciones públicas con las que fueron favorecidas
esas empresas.
El Ministerio Público pide como medida cautelar la prisión
preventiva como para los siete implicados y que el caso sea declarado complejo.
