ARCHIVO - El candidato presidencial opositor Edmundo González saluda a sus simpatizantes durante un evento político en una plaza, el 19 de junio de 2024, en el municipio de El Hatillo, Caracas, Venezuela.
(Ariana
Cubillos / Associated Press)
Por JORGE
RUEDA y JOSHUA GOODMAN
Associated Press
CARACAS —
El ex candidato
presidencial opositor Edmundo González se ha ido de Venezuela tras solicitar
asilo en España, indicó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Rodríguez dijo en Instagram
que González, que no había sido visto en público desde los comicios
presidenciales de julio, había solicitado refugio en los últimos días en la
embajada de España en Caracas.
Dijo que el gobierno del
presidente Nicolás Maduro, que había ordenado el arresto del candidato, decidió
concederle a González un salvoconducto para salir del país con el fin de
contribuir a la paz política.
“En este sentido, una vez ocurridos los contactos
pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a
la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos
en aras de la tranquilidad y paz política del país”, destacó la vicepresidenta
en el escrito.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel
Albares, confirmó en la red social X que, a solicitud suya, González “vuela
hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas”.
“El gobierno de España está comprometido con los
derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos”, agregó
Albares, sin dar otros detalles.
González, de 75 años, enfrentaba una investigación
penal, impulsada por la fiscalía, en la que es señalado de varios delitos,
incluidos los de “instigación a la desobediencia” y “conspiración”,
relacionados con las protestas que sucedieron al día de votación y con la
publicación de las actas de resultados que, según la oposición, muestran que
Maduro perdió las elecciones.
Hace algunos días, un juez que lleva casos de
terrorismo ordenó su aprehensión por petición de la fiscalía. El excandidato
presidencial había sido convocado a declarar tres veces, sin que acudiera en
ninguna de ellas, en una investigación por la publicación de las actas
electorales en una plataforma digital. El último llamado fue el 30 de agosto.
González, quien se presentó a las elecciones como
candidato de una coalición de partidos después de que la líder opositora María
Corina Machado fuese inhabilitada por las autoridades, cuestionó la
investigación penal y acusó al fiscal general, Tarek William Saab, de ser un
“acusador político” que “condena por anticipado”.
Tanto González como Machado han denunciado
repetidamente ser perseguidos por las autoridades.
El exdiplomático se presentó en público por última vez
el 29 de julio, un día después de la jornada de votación, en una de las
protestas ciudadanas que sucedieron al anuncio oficial de los resultados que
daban la victoria a Maduro sin mostrar las actas.
Las elecciones venezolanas, en las que el mandatario
aspiraba a un tercer mandato, han sido fuertemente cuestionadas por la
comunidad internacional por falta de transparencia y por la imposibilidad de
verificar los resultados. Varios países, entre ellos Estados Unidos, han
reconocido a González como legítimo ganador.
Saab, cercano colaborador de Maduro y exlegislador
oficialista, acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y
publicar “presuntos documentos forjados o falsificados”, además de delitos de
“instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación
para delinquir y conspiración”, y con ello, causar “zozobra”.
En una misiva entregada al fiscal general el 4 de
septiembre por su defensa, González aseguró que no era su “responsabilidad la
digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de
escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación”, como
contempla la ley.
Asimismo, su abogado José Vicente Haro indicó que
González estaba dispuesto a declarar, pero no compareció a las citaciones
debido al “grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le ha
precalificado delito, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten
carácter penal como si fueran delito”.
Pese a la insistencia de la oposición y la presión
internacional, las autoridades venezolanas no han publicado las actas
electorales con los resultados más de un mes después de las votaciones.
Desde que se instauró la democracia en Venezuela en
1958, las actas de escrutinio son consideradas la prueba de los resultados
electorales. En comicios anteriores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha
difundido públicamente en su página en internet el contenido completo de cada
acta, por centro de votación y mesas instaladas.
Ante las críticas recibidas, Maduro le encargó al
Tribunal Supremo de Justicia que hiciese un peritaje del proceso electoral.
Este cuerpo judicial, integrado por magistrados que formaron parte del
gobierno, certificó el 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su
resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.
El Centro Carter de Estados Unidos cuestionó la independencia de ese análisis,
un día después de poner en duda la integridad de los comicios.
A mediados de agosto, un grupo de expertos de Naciones
Unidas dijo que las recientes elecciones presidenciales en Venezuela carecieron
de “transparencia e integridad básicas”, sumando una voz importante a quienes
pusieron en duda el anuncio oficial de la victoria de Maduro.
Aunque el equipo de la ONU no llegó a validar las
afirmaciones de la oposición de que su candidato derrotó al mandatario por un
margen superior a 2 a 1, mencionó que las actas de votación publicadas por la
coalición opositora parecían tener todas las características de seguridad de un
documento original.
