Entrada de un hospital en Miami, el 9 de enero del 2020.(FOTO AP/WILFREDO LEE)
agencia apMcAllen, Texas, EE.UU.
Durante tres días, el
personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor
abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se
resistió, atemorizada por una ley de Florida de 2023 que requiere que los
hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal.
La clínica había trabajado
duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de
políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica
colocó carteles, avisándole a los pacientes que podían negarse a responder la
pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de
identificación individual no sería reportada al estado.
“Intentamos explicar esto
una y otra y otra vez, pero el miedo era real”, dijo Stephanie Garris,
directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer finalmente
acudió a una sala de emergencias para recibir tratamiento.
UNA PRUEBA SIMILAR
Texas será el próximo en
poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de
salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de
Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del
final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.
“Los texanos no deberían
tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los
inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en
un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que
los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será
compartido con las autoridades.
Ambos estados tienen un
gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos
sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son
parte de familias de estatus mixto. Y aunque la tasa de personas sin seguro
médico en estos dos estados —ninguno de los cuales ha ampliado la cobertura de
Medicaid— es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han
demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención
médica.
Texas y Florida tienen una
larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al
aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes
hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en
la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos
mismos admiten que los primeros datos de Florida son limitados.
Blaise Ingoglia, el senador
republicano por Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo
en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL
más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las
preguntas de The Associated Press sobre el impacto de la ley en la comunidad
inmigrante o en los pacientes hospitalizados.
Luis Isea, un médico de
medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de
Florida, dijo que la ley “crea esa barrera adicional” para pacientes que ya
están expuestos a muchas disparidades.
Los grupos de defensa de
los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y
correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a
comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias
policiales no sabrían el estatus de una persona porque los datos se informarían
de manera global.
LLAMADAS SIN RESPUESTA
Pero muchas de las llamadas
no recibieron respuesta. Algunos pacientes reportaron que se iban de Florida
como resultado del impacto de la ley para obtener atención médica y empleo. El
gobierno de de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que
invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de
inmigrantes que carecían de estatus permanente y cambiaron las políticas de
verificación de empleo.
Otros, dicen los
defensores, aguantaron su dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto,
directora de programas en el Rural Women’s Health Project (Proyecto de Salud de
Mujeres Rurales) en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de
que la ley entrara en vigencia —en julio de 2023— de una mujer joven que no
tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía que la separaran de su
hijo si daba a luz en el hospital.
“Tenía mucho miedo (pero) terminó
por acudir después de hablar conmigo”, reportó Robleto.
Los datos que Florida y
Texas recopilen probablemente no serán confiables por varias razones,
sugirieron los investigadores. Paul Keckley, economista especializado en salud,
dijo que el informe publicado por los funcionarios del estado de Florida podría
tener datos “incompletos, inexactos o engañosos”.
Por un lado, es
autoinformado. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción elegida
por casi el 8% de las personas ingresadas en el hospital y alrededor del 7% de
quienes acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023,
según el informe del estado de Florida. Menos del 1% de las personas que
acudieron a la sala de emergencias o fueron ingresadas en el hospital informaron
estar en Estados Unidos “ilegalmente”.
LIMITACIONES EN LOS ANÁLISIS
La Florida Agency for
Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica
de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no
sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga.
También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada
con el nivel de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, y agregó que
están “más asociados con el estatus de los condados rurales que con los
porcentajes de la inmigración ilegal”.
La agencia no respondió de
inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló
que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y
deudas no cobradas que tienen los hospitales de Florida ha disminuido.
En Florida y en Texas, las
personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en
Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos
o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.
Múltiples factores pueden
afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos
sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención
preventiva. Eso es especialmente cierto para personas que tienen enfermedades
progresivas como cáncer, dijo el doctor James W. Castillo II, autoridad de la
salud del condado de Cameron, Texas, que tiene aproximadamente un 22% de
población sin seguro en comparación con el promedio estatal del 16,6%.
En ese punto, dijo,
“generalmente es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar”.
Los grupos comunitarios,
legisladores y abogados de inmigración de Texas se están asociando con Every
Texan (Cada Texano), una organización sin fines de lucro que se centra en
políticas públicas y el acceso a la atención médica, para alentar a las
personas a no responder la pregunta sobre su estatus, dijo Lynn Cowles, de
Every Texan.
Y en Florida, aunque los
temores de deportación disminuyen, persisten las dudas sobre el propósito de la
ley.
“Cuánto de esto es una
política sustancial y buena política frente a cómo le fue, dejo eso para que
otros lo especulen”, dijo Garris, de la clínica de Orlando. “Pero sé que el
efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven
aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante”.
