Expresidente
de Perú, Alberto Fujimori. Fuente externa
EL COMERCIO (GDA)Perú
A poco más de nueve meses
de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional
repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente
Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió
con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus
últimos días.
De acuerdo con fuentes de
El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde
hace una semana.
Esto fue confirmado por el
subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el
exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos
rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.
Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente
sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido
quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los
rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la
lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.
Las mismas fuentes
señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en
Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.
Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada
la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.
La Presidencia de la República, a través de su cuenta
de X (antes Twitter), expresó su “preocupación” por la salud de Fujimori e hizo
“votos por su pronta recuperación”. “Extendemos a su familia, nuestra
solidaridad y fuerza”, agregó la institución.
Fuentes cercanas Palacio
de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte
“seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le
rendirán honores de Estado a Fujimori.
El Decreto Supremo
N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento
de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los
edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y
demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la
inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.
La norma no excluye a los
exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden
democrático.
La última carta
En junio último, Fujimori
se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y
luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a
la política activa.
“Hoy me reafirmó en mi
decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por
todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.
Después de la publicación
de esta carta, la lideresa de Fuerza Popular adelantó que su padre sería el
candidato presidencial de su partido en las elecciones generales de 2026.
“Será un excelente
candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino
[...] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko
Fujimori a este Diario.
No obstante, los abogados
constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que
el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.
“Él no es inocente, la
gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un
indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego
pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha
sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la
cárcel”, expresó Quiroga.
“El indulto lo único que
hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí
los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.
Un gobierno
autoritario
Fujimori, apodado como “El
Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un
gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que
participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera
vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.
El 5 de abril de 1992 dio
un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió
inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también
intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993
aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.
La caída del cabecilla del
grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la
economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso
al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones
Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.
Durante el decenio
fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se
constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por
el asesor Vladimiro Montesinos.
En 2010, el entonces
procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se
privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa
gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.
En el 2000, Fujimori fue
reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por
Transparencia como “un fraude estructural”.
En setiembre de ese año,
tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado
a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a
Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que
se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.
Dos meses después, ‘El
Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde
permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.
Cuatro condenas
firmes
El ex jefe de Estado fue
condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio
calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y
secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el
periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril
de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.
Según el fallo- emitido por
el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín-
Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas
Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y
practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el
terrorismo.
Para los jueces, las
matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia,
que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el
poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de
Inteligencia del Ejército (SIE).
Sobre Fujimori también
pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de
Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15
millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas
tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal
de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
El 24 de diciembre de 2017,
en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le
otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta
médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e
incurable”.
Kuczynski adoptó esta
polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas
disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.
En octubre de 2018, el
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del
magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a
través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y
captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.
En diciembre del año
pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del
expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y
establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar
que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.
