En esta
imagen de archivo, manifestantes se enfrentan con la policía durante protestas
por los resultados electorales oficiales que dan a Nicolás Maduro como vencedor
de las elecciones presidenciales, el día después de los comicios, en Caracas,
Venezuela, el 29 de julio de 2024.
(Matias Delacroix / Associated Press)
Por JAMEY KEATEN
GINEBRA —
Expertos independientes en
derechos humanos de Naciones Unidas afirmaron en un nuevo reporte el martes que
sus conclusiones muestran que el gobierno de Venezuela ha intensificado el uso
de herramientas de represión “más duras y violentas” tras las disputadas
elecciones presidenciales de julio.
Los resultados oficiales de
los comicios del 28 de julio han sido ampliamente criticados por ser
antidemocráticos, opacos y por estar dirigidos a mantener al presidente,
Nicolás Maduro, en el poder.
En su reporte, la misión de
investigación sobre Venezuela, encargada por el Consejo de Derechos Humanos
respaldado por la ONU, denunció violaciones de derechos como detenciones
arbitrarias, tortura y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de
seguridad del país que “en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad
de persecución por motivos políticos”.
“Durante el periodo que cubre este reporte, y
especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el
Estado reactivó e intensificó los mecanismos más duros y violentos de su
aparato de represión”, señalaron los expertos en el informe, que abarcó un
periodo de un año hasta el 31 de agosto.
Las conclusiones se hacen eco de las preocupaciones
expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres; el secretario
de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; Human Rights Watch y otros acerca
del país y su democracia, incluyendo la represión antes y después de la
esperada votación y la posterior huida al exilio del candidato opositor,
Edmundo González.
Marta Valiñas, jefa del equipo de expertos, dijo que
entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas reconocieron
la detención de más de 2.200 personas.
“Entre esos, hemos confirmado el arresto de al menos
158 menores, algunos de ellos con discapacidad”, afirmó Valiñas en una
conferencia de prensa el martes en Ginebra, añadiendo que algunos habían sido
acusados de delitos graves como terrorismo.
“Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente
preocupante”, apuntó. “Estamos ante una represión sistemática, coordinada y
deliberada por parte del gobierno venezolano, que responde a un plan consciente
para silenciar cualquier forma de disidencia”.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está
formado por afines a Maduro, dijo que el presidente ganó los comicios con el
52% de los votos. Pero los partidarios de la oposición recopilaron las actas
del 80% de las máquinas de votación electrónicas del país, y señalaron que
indicaban que González había ganado la elección con el doble de votos que
Maduro.
La condena global por la falta de transparencia llevó
a Maduro a pedir al Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros están
alineados con el partido gobernante, que auditase los resultados. El alto
tribunal reafirmó su victoria.
Los expertos independientes, que no representan a
Naciones Unidas, forman parte de una misión de investigación creada en 2019.
Llevan años reportando violaciones de derechos, incluyendo supuestos crímenes
contra la humanidad, en la Venezuela de Maduro. Su reporte, el quinto de este
tipo, criticó los esfuerzos para frenar la oposición pacífica al gobierno.
El sistema judicial — encabezado por el Tribunal
Supremo — “está claramente subordinado” a los intereses de Maduro y sus aliados
más próximos, y sirvió como un “instrumento clave en su plan para reprimir
todas las formas de oposición política y social”, escribieron.
En las horas posteriores a la proclamación de Maduro
como vencedor de las elecciones, miles de personas salieron a la calle en todo
el país. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero los manifestantes
también derribaron estatuas del predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez,
arrojaron piedras contra agentes y edificios, y quemaron motocicletas de la
policía y propaganda gubernamental.
El gobierno de Maduro respondió a las manifestaciones
con toda su fuerza, llevando a cabo detenciones arbitrarias, enjuiciamientos y
una campaña que anima a la población a acusar a familiares, vecinos y conocidos
que participaron en las protestas o mostraron dudas acerca del resultado.
Patricia Tappatá Valdez, miembro del grupo de
expertos, dijo que se verificaron al menos 143 detenciones que implicaban a
miembros de siete partidos de la oposición, incluyendo 66 líderes de
movimientos políticos.
“La persecución por motivos políticos es evidente”,
apuntó. “Esas cifras representan un nivel de represión que no habíamos visto
desde 2019”.
Los expertos independientes indicaron que elaboraron
el reporte en base a entrevistas con 383 personas y a la revisión de archivos
de casos judiciales y otros documentos, al tiempo que reconocieron las
limitaciones de su labor de recopilación de información en el periodo
postelectoral.
El grupo indicó que sus pedidos de información a las
autoridades venezolanas fueron “ignorados” a pesar de los llamados a la
cooperación del Consejo de Derechos Humanos, que está formado por 47 miembros
rotatorios entre países de la ONU.
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Las periodistas de The Associated Press Regina García
Cano en la Ciudad de México y Edith M. Lederer en Naciones Unidas,
contribuyeron a este despacho.
