El
Ministerio del Interior alemán dice haber informado a las autoridades de la
Unión Europea de las medidas excepcionales adoptadas, que suponen una excepción
a las normas sobre libre circulación en el espacio Schengen (Ilustración).
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INTERNACIONALAlemania
La ministra del
Interior, Nancy Faeser, ha anunciado que los 37.000 kilómetros de
fronteras del país serán objeto de controles a partir del lunes 16 de
septiembre, durante un periodo de seis meses. Ya existen controles de este tipo
con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza.
El objetivo es reducir la inmigración ilegal de personas sin papeles que no
solicitan asilo.
La ministra, que desde hace
tiempo rechaza este tipo de controles alegando la libre circulación en la Unión
Europea, se congratuló de que los vigentes desde el pasado otoño boreal
hayan permitido expulsar a 30.000 personas.
LA LIBRE CIRCULACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SCHENGEN, AMENAZADA
Las autoridades europeas
han sido informadas de estas nuevas medidas, que suponen una excepción a las
normas sobre libre circulación en el espacio Schengen. Alemania quiere
garantizar que los cruces fronterizos diarios de los residentes se vean
perturbados lo menos posible. Estas medidas, anunciadas el lunes 9 de
septiembre, se suman a otras muchas adoptadas con carácter de urgencia, que ponen
de manifiesto la presión a la que está sometido el Gobierno alemán.
Tras el ataque de Solingen,
la coalición acordó un paquete de medidas de emergencia: se retirarán las
ayudas a los solicitantes de asilo que hayan presentado una solicitud en otro
país de la UE antes de venir a Alemania. Tendrán que regresar a ese país. Los
solicitantes de asilo que hayan viajado a su propio país perderán su estatus.
Se facilitarán las expulsiones de delincuentes. Las autoridades deberán
disponer de más competencias.
EL GOBIERNO ALEMÁN, BAJO PRESIÓN
La ola de emoción tras el
atentado de Solingen, el éxito de la extrema derecha en las dos elecciones
regionales del 1 de septiembre y unas elecciones regionales el 22 de septiembre
obligan al gobierno de Scholz a tomar medidas urgentes, que serán presentadas
al Parlamento esta semana.
El Gobierno teme que el
electorado vuelva a castigarle. Intenta llegar a un acuerdo con los
democristianos en la oposición. Estos últimos piden una política de inmigración
aún más dura para contrarrestar la competencia de la extrema derecha. La CDU y
la CSU han puesto condiciones a una nueva reunión entre el gobierno y la
oposición, exigiendo que se devuelva a todos los inmigrantes en la frontera,
aunque soliciten asilo político. Esta propuesta es difícil de aceptar para el
gobierno, especialmente para los Verdes. Las organizaciones que se dedican a
ayudar a los inmigrantes denuncian un desafío al derecho de asilo, uno de los
principios fundadores de la Alemania de posguerra tras el nazismo.
