Llevo un gran tiempo denunciando la
complicidad de autoridades que tienen responsabilidad en la normativa de
regulación del tema migratorio, en particular lo concerniente a los nacionales
haitianos en nuestro país, como son el Ejército dominicano, el Cuerpo
Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Dirección
General de Migración.
Muestra de ello constituye la acusación, que de manera
responsable y con pruebas le formuló al exministro de Defensa, Rubén Darío
Paulino Sem, de la cual se hizo eco la prensa nacional, y que publicó (El Nuevo
Diario), en fecha 9 de enero del año 2019. Te invito a leerla.
En la actualidad, a pesar de la creación del
"Plan de Regularización de Extranjeros", iniciado a raíz de la
discusión política que produjo la Sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional
del 10 de julio de 2012, no se tiene un registro o inventario real, ya que son
cientos que ingresan a territorio dominicano día tras día, dado el
apadrinamiento de las autoridades ante la señalada a las múltiples
organizaciones de trata de blanca que operan a todo lo largo de la frontera
dominico-haitiana.
"A pesar de que me considero una persona
nacionalista, soy un defender de los derechos fundamentales de todo ser humano,
por cuanto no comparto cierto método utilizado por miembros de la Dirección
General de Migración, relativo al procedimiento utilizado al momento de
requerir a una persona que supone ser un extranjero indocumentado".
Digo que supone, dados los innumerables casos
documentados en grabaciones, tanto de cámara de videovigilancia como de
ciudadanos preocupados, contenido que por diferentes vías llega a los medios de
comunicación nacional y las redes sociales, donde los agentes en cuestión
reaccionan ante el ciudadano, solo por el color de su piel negra, suponiendo
que son de nacionalidad haitiana.
En ese sentido, es de reconocer las arbitrariedades,
extorsiones y hasta violación sexual, como la llevada a cabo por agentes de esa
institución, el pasado 5 de abril del presente año 2024, a una menor haitiana
de 14 años en Verón, Punta Cana, al este del país, por el miembro de la
institución Paulino de la Cruz, a quien el Juzgado de Atención Permanente del
Distrito Judicial de la provincia La Altagracia impuso tres meses de prisión
preventiva.
Así como maltrato físico, despojo de pertenencia,
prenda, dinero y presión psicológica, al momento de desarrollar un operativo en
busca del extranjero indocumentado. Cabe destacar que nunca es visto un
extranjero de otra nacionalidad en la camiona, que no sean haitianos, cuando el
país está lleno de ciudadanos de otras nacionalidades indocumentados, como
chinos, cubanos, italianos, colombianos, venezolanos…
A pesar de la narrativa de arbitrariedades a que hago
referencia, es evidente ante los ojos de todos la presencia desbordante de
nacionales indocumentados del país en cuestión en todas las ciudades,
comunidades, sectores y barrios de República Dominicana, dejando al desnudo la
política de deportación e inoperancia de la Dirección General de Migración y su
incumbente, el señor Venancio Alcántara.
El autor es ex cónsul dominicano en Ansa-Pitre, Haití.
