El primer ministro de España, Pedro Sánchez (R) y su esposa Begoña Gómez (L), asisten a las conmemoraciones del décimo aniversario de la proclamación del rey de España Felipe VI en el Palacio de Oriente o Palacio Real de Madrid el 19 de junio de 2024.AFP
agencia afpEspaña
La Fiscalía pidió este martes cancelar la citación al
presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para declarar
como testigo en la investigación judicial contra su esposa por presunta
corrupción y tráfico de influencias, al cuestionar su
"utilidad" y "pertinencia".
"El
Fiscal solicita" que "se proceda a dejar sin efecto la diligencia
testifical acordada de Pedro Sánchez para el próximo día 30 de julio de
2024", indicó un documento del Ministerio Fiscal al que tuvo acceso AFP.
El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del caso contra Begoña Gómez, había anunciado que se
desplazaría el martes próximo al palacio
de la Moncloa, la sede del Gobierno, para tomar declaración "como
testigo" al mandatario socialista en relación con la causa contra su
mujer.
La Fiscalía,
que mostró su "disconformidad y rechazo" con la decisión del juez,
considera que "no es útil" pedir que declare Sánchez, ya que este no
está obligado a hacerlo, en concordancia con la ley española, que permite que una persona no testifique contra su cónyuge.
Además, no sería "estrictamente pertinente", ya que
es un "hecho notorio la relación que existe entre la investigada y su
marido, así como el cargo que este ocupa", señaló.
En su
escrito, el Ministerio Fiscal critica la "premura" de la
citación a Sánchez, que impedirá que se resuelvan antes recursos como el que
presentó este martes, y sin ponderar "la proporcionalidad" de su
decisión "atendiendo al previsible impacto y repercusión" en la vida
del país.
La Fiscalía,
que ha pedido anteriormente archivar la causa, censuró que el juez siga
adelante con una averiguación de "una
amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o
definición".
Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo
para fundaciones y oenegés, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su
marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés,
un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también está
investigado.
El juez Peinado ha seguido adelante con la causa, abierta
tras la denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, pese a dos
informes de la Guardia Civil que no
hallaron irregularidades y la opinión en contra de la Fiscalía.
Este caso,
que ha monopolizado el debate político en las últimas semanas en el país, ha
llevado a la oposición de derecha a pedir la dimisión de Sánchez, mientras el
Ejecutivo lo ha enmarcado en "una persecución absolutamente
despiadada" contra Sánchez y su familia.
