Ayer
ingresaron a las posiciones públicas del Sistema Dominicano de la Seguridad
Social (SDSS) sudorosos y con la piel ennegrecida por el sol y “la pela”
cotidiana de abordar un concho para sus diligencias. A pocos meses mostraban
blanqueada la tez y hoy hablan de qué hacer y qué no en seguridad social.
Tan
enriquecidos salieron de sus posiciones con remuneraciones que no enriquecen a
alguien que durante cuatro años no han necesitado volver a “dar un golpe”.
Blanqueados por aires acondicionados y esa tranquilidad
económica de quienes pasaron de la pobreza ruda a la opulencia en un día,
arguyen que la 8701 debe ser modificada para esto o aquello.
Asisten al
debate para congraciarse con el reclamo ciudadano. Al respecto, los
legisladores podrían buscar opiniones de expertos no contaminados ni
contaminantes, de reciedumbre ética, no de gente que anduvo de la mano con los
hoy acusados y procesados por corrupción.
El SDSS es codiciada fuente por quienes desean, en él, medrar,
meter la mano. “Expertos” que las metieron.
En la plataforma de la Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales (Sisalril), que ha mejorado la calidad y diversidad de la información
que suple, se aprecia su relevancia: en el 2023 el el Seguro Familiar de Salud
(SFS) recaudó RD$91,482.4 millones, de 1.17 millones de empresas registradas.
En promedio mensual, recibió RD$7,623.5 millones de 97.42 mil empleadores.
Son, sin
dudas, cifras respetables. Especialmente en esta pobre nación. Fuentes de conflictos
entre los actores participantes en el sistema. Como dijimos innumerables veces,
constantemente pelean, pretendiendo la porción mayor del pastel.
En la experiencia, aunque el SFS tiene, a los ojos e interés
de sus cotizantes, ostensibles beneficios que les generan positivos
reconocimientos, según las encuestas de satisfacción que varios actores
realizan, se trata de un sistema mejorable; sus avances pueden originarse en
dos fuentes: la ley, modificándola; o por consenso en el Consejo Nacional de la
Seguridad Social (CNSS). Sin embargo, hay necesidades que desbordan el rentismo
con que los actores participan en el CNSS obligando a colocar el SDSS como
fuero exclusivo del gobierno del Estado. La salud es más que un bien de
comercio. Es un servicio social que el Estado —gobierno y sociedad en pleno—
está obligado a preservar como derecho inalienable de losciudadanos. Sin
embargo, ese mismo Estado también debe garantizar los fueros a las empresas, a
los profesionales de la salud, cobijados bajo la manta de los oficios
liberales, y, en fin, a todos los Prestadores.
La modificación de la Ley 87-01, pues, ha de tender hacia: a)
Otorgar capacidad de veto exclusivamente al Gobierno. En lo relativo al SFS: b)
disponer y regular que sus fondos crecientes se destinen a mejoras progresivas
en la cobertura de salud vinculadas al desarrollo cuantitativo, cualitativo y
económico del sistema y sus saberes, y c) dado que debe garantizar la
supervivencia digna de la gente que supera la edad laboral, subsumir las
pensiones en las prerrogativas del exclusivo interés y dominio público;
pensiones modulables a voluntad y capacidad de los afiliados, de valor
protegido, esto es indevaluable, marginado de la volatilidad del IPC y de las
tasas cambiarias.
