ARCHVO - Esta fotografía facilitada por la
oficina de prensa de la Presidencial de El Salvador muestra a numerosos
reclusos identificados por las autoridades como miembros de pandillas, en el
Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, El Salvador. (Oficina de
prensa de la Presidencia de El Salvador vía AP, Archivo)
(AP)
Fue
acusado del delito de pertenecer a una agrupación ilícita y en menos de 24
horas estaba encerrado en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, el más
grande de San Salvador.
El día en que fue detenido,
Luis se encontraba en unas oficinas gubernamentales de San Salvador, la capital
salvadoreña, en espera de obtener su certificado de antecedentes penales. El
joven de 23 años lo necesitaba para solicitar trabajo en una central de
llamadas, algo que le hubiera dado más oportunidades que el empleo de panadero
que ya tenía.
“Lo que yo quería en ese
momento era algo mejor para mi vida”, explica vía telefónica a The Associated
Press Luis, quien prefiere que sólo se utilice su nombre de pila por miedo a
ser recapturado.
Cuando llegó su turno, la
encargada de los trámites ojeó sus papeles y le dijo que un agente de la
Policía Nacional Civil lo revisaría porque tenía un delito. Luis se quedó
pasmado. Pero negar la acusación una y otra vez fue inútil, recuerda, porque
“para ese entonces no había derechos para las personas”.
Fue detenido a finales de abril de 2022. Un mes antes,
el gobierno del presidente Nayib Bukele había decretado un régimen de excepción
para aniquilar a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del
Barrio 18, Sureños y Revolucionarios que suspende derechos fundamentales como
el de tener acceso a un abogado o el de ser informado de los motivos de una
detención.
Luis fue acusado del delito de pertenecer a agrupación
ilícita y en menos de 24 horas estaba encerrado en el penal La Esperanza,
conocido como Mariona, el más grande de San Salvador.
Durante los once meses en que perdió su libertad, Luis
tuvo en repetidas ocasiones miedo a morir. También desarrolló diabetes y
encontró en la fe un pilar para mantenerse firme y no caer en pensamientos
suicidas.
Con ese régimen de excepción, vigente aún después de
más de un año y medio, han sido encarceladas más de 72.000 personas, según
cifras oficiales.
De éstas, más de 7.000 han sido liberadas después
porque nunca pudieron presentar pruebas contra ellos para ser procesados
penalmente, de acuerdo con lo que informó el ministro de Justicia y Seguridad,
Gustavo Villatoro, en agosto.
Luis es una de esas personas.
Un grupo
de miembros de la pandilla Barrio 18, caminan en fila y con grilletes hacia el
Centro de Justicia de San Salvador, el 2 de julio de 2018. El gobierno
salvadoreño comenzó a tomar duras medidas contra las bandas hace 15 años, lo
que resultó en la encarcelación de miles de sus miembros.
(Salvador Melendez/AP)
“Nada más llegamos al
parqueo del centro penal de Mariona y estaban los custodios”, recuerda.
Descalzo y en ropa interior
empezó a caminar en medio de una doble fila de agentes penitenciarios que
empuñaban porras. La primera descarga de golpes no tardó en llegar. Y los
porrazos se repitieron después de salir del cuarto en donde a los nuevos presos
les afeitan la cabeza.
“Sube perro”, recuerda que
les gritaban los custodios para mandarlos hacia las celdas. “Sube perro, que
ustedes son unos bastardos, ustedes tienen que morir. ¡Fuego les vamos a
echar!”.
En la celda, Luis se
desplomó y ahí quedó tirado hasta que otro chico se le acercó y le preguntó si
estaba vivo. “Yo no me había fijado que en el suelo había un charco de sangre
que era mi propia sangre, que yo había derramado por todas las heridas que yo
llevaba en la espalda y en la cabeza”, dice.
También dice que ya no
quisiera acordarse de todos los abusos que vivió en el encierro, pero que
agradece poder hablar de eso ahora. No todas las personas detenidas en el
régimen de excepción lograron sobrevivir a la cárcel.
De acuerdo con el informe
“Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de
violaciones a los derechos humanos”, realizado por la organización salvadoreña
de derechos humanos Cristosal, 153 personas —149 hombres y cuatro mujeres— han
fallecido bajo custodia estatal durante los primeros doce meses de vigencia de
esa medida.
Ninguna de ellas había sido
declarada culpable del delito imputado. Todas vivían en condiciones de pobreza
o en zonas controladas por las pandillas.
“Hay registros del
Instituto de Medicina Legal en los que se establece que la causa de la muerte
fue estrangulación, ahorcamiento, golpes en el estómago, en la cabeza… Es decir
que son muertes violentas”, afirma en llamada con AP Zaira Navas, jefa jurídica
y de Estado de derecho y seguridad de Cristosal.
La Fiscalía General de la
República de El Salvador declaró públicamente había archivado 142 casos de
muertes en los penales por no constituir delito por parte de los agentes
penitenciarios.
El Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública no respondió de manera inmediata un pedido de comentarios de
The Associated Press acerca del tratamiento que esta dependencia le está dando
a los casos de muertes en penales.
“Cuando el Estado toma la
decisión de hacer capturas masivas sin investigación previa, sin llevar a un
juez independiente e imparcial y dictando medidas de detención de manera
generalizada, asume la tutela de todas las personas que ha detenido”, recalca
la también exinspectora general de la Policía Nacional Civil.
En esta
foto difundida por la oficina de prensa presidencial de El Salvador, reclusos
considerados por las autoridades como miembros de pandillas son trasladados a
la mega prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo, en Tecoluca, El
Salvador, el miércoles 15 de marzo de 2023. (Oficina de prensa presidencial de
El Salvador via AP)
(Pr/AP)
Desde su celda del penal de Mariona, Pedro vio muchas
veces cómo los custodios agarraban a algún preso y le pegaban. Aún recuerda sus
gritos.
“Se subían encima de él como que si era un resorte,
tres custodios se subían encima de su cuerpo a terminarle sus huesos; imagino
que se los quebraban porque quedaban inconscientes. Al rato decían que habían
sido asesinados por los custodios”, cuenta vía telefónica a la AP el hombre de
39 años que prefiere que no se use su nombre completo por temor a represalias
por parte de la policía.
Originario del departamento de San Salvador, Pedro fue
detenido en julio de 2022 a unas cuadras de su casa. Había salido a comprar
pastelitos para el refrigerio de la tarde. Llevaba pocos días en su tierra natal,
donde había regresado par renovar su pasaporte.
Años atrás, Pedro huyó a México porque miembros de una
pandilla habían atentado contra su vida. Allí consiguió una visa humanitaria y
con el pasar de los años, cuando su hija nació, le otorgaron una visa de
residente permanente.
Al igual que Luis —sin investigación previa y sin
pruebas—, Pedro fue acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Quedó
encarcelado siete meses.
En esta
foto proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador,
los presos identificados por las autoridades como pandilleros están sentados en
el piso de la prisión del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en
Tecoluca, El Salvador. (Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, vía
AP )
(AP)
No sirvió de nada que le hablara a los policías de sus
documentos mexicanos y de por qué había vuelto a El Salvador. Es más, los
agentes le confiscaron su visa de residente permanente en México y, hasta la
fecha, Pedro no ha podido obtenerla de regreso.
Ambos exreos reportan que los agentes penitenciarios
golpeaban y echaban gas lacrimógeno a los internos, que la atención médica era
prácticamente inexistente y que el hambre imperaba a diario.
Los custodios y los reos en fase de confianza, los
llamados “logísticos”, se quedaban con los productos más codiciados —como el
azúcar y la pomada para curar las infecciones de la piel— de los paquetes
alimenticios y de higiene que les enviaban sus familiares, según relatan.
Los dos confirman que fueron mezclados en las mismas
celdas con pandilleros. Dicen que permanecían hacinados hasta 300 o más presos,
que tenían que compartir tan solo dos baños.
The Associated Press visitó el Centro de Confinamiento
del Terrorismo y, de lo que fue posible observar, en esa nueva megacárcel todo
estaba limpio y los presos recibían atención médica. Solo un reo tuvo permiso
de hablar con la prensa.
Pero en periodo de reclusión, Luis recuerda que había
reos que dormían en el suelo de los baños. Por la suciedad crónica, eran los
que más se enfermaban.
Pedro cuenta que había una pila con agua estancada y
caliente que exhalaba un olor rancio. Esa agua se usaba para echarla a los
inodoros pero también para beber.
“Me dio un montón de enfermedades, de hongos, picazón
en el cuerpo, pudriciones, escabiosis (sarna humana), diviesos en la cabeza:
unas pelotas bien terribles que sudaban sangre”, relata.
A Luis, los hongos le invadieron las plantas de los
pies. En la clínica del penal el doctor se burló de él —“¿No puedes aguantar?
¡Si eso no es nada!”— y lo despachó con una tableta de acetaminofén. A los
días, casi incapaz de caminar, empezó a curarse como pudo —con su propia orina—
hasta que lo volvieron a atender en la clínica.
Meses después, aún en prisión, le diagnosticaron
prediabetes y luego diabetes. Luis, hipertenso desde antes de su detención,
cree que la diabetes se le terminó de desarrollar por las tensiones que vivió
en la cárcel: “Fue por esas golpizas, por unas aflicciones casi uno se muere,
entonces sí podemos decir que por eso fue”.
En esta
imagen de archivo, un policía registra y comprueba la documentación de un
hombre que vive en la comunidad de Kiwanis durante una patrulla preventiva
contra las pandillas, en Soyapango, El Salvador, el 16 de agosto de 2022. Según
un informe elaborado por la organización salvadoreña de derechos humanos
Cristosal, 153 personas han fallecido bajo custodia estatal durante los
primeros doce meses de vigencia del estado de excepción en El Salvador.
(Salvador Melendez/AP)
La mayoría de aquellas 7.000 personas que, de acuerdo
con lo que informó el gobierno salvadoreño, habían sido puestas en libertad
hasta agosto, no están totalmente libres: han salido con medidas sustitutivas a
la detención provisional y su juicio continúa. Pedro y Luis, por ejemplo,
tienen la obligación de presentarse a firmar cada cierto tiempo en el Centro
Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.
Ambos conviven con la angustia de ser detenidos otra
vez.
Pedro —que asegura haber salido “psicológicamente
destruido”— pasó quince días sin poder dormir y sin aventurarse a la calle
porque la visión de un policía le infundía pánico y le devolvía el recuerdo de
los maltratos de los custodios.
Luis, que solo buscaba mejorar su estatus económico,
ahora carga con antecedentes penales graves.
Ha buscado un nuevo empleo y no ha tenido éxito. Eso
sí, no se ha quedado sin nada: lo aceptaron de vuelta en la misma panadería en
la que estaba antes. Pero le queda claro que su carrera laboral, por el
momento, ha quedado manchada por el encarcelamiento.
