Dos
militares vigilan tras un ataque a un cuartel policial el lunes 20 de mayo de
2024, en Morales, Colombia. (AP Foto/Juan B Díaz)
(Juan B Diaz / Associated Press) By Associated Press
BOGOTÁ —
BOGOTÁ (AP) — El gobierno
colombiano condicionó el jueves la reanudación de un cese al fuego bilateral
con la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC al desmantelamiento
de las economías ilícitas con las que se financia en el suroeste del país.
El ministro de Defensa,
Iván Velásquez, indicó a la prensa que no podrá pactarse un nuevo cese ni
avanzar en diálogos de paz con la facción del autodenominado Estado Mayor
Central hasta que no se comprometa a dejar el narcotráfico y la minería ilegal.
El grupo opera en el suroeste de Colombia.
Velásquez señaló que se
trata de una orden que el presidente Gustavo Petro impartió durante un consejo
de seguridad realizado en el departamento del Cauca, donde la disidencia atacó el lunes una estación
de policía en el municipio de Morales, causando la muerte de dos agentes. Dos
de los agresores fueron detenidos.
Además, el grupo disidente detonó una motocicleta con
explosivos en Jamundí —cerca de la ciudad de Cali— que dejó seis heridos, entre
ellos tres menores de edad.
Petro adelanta negociaciones de paz con el EMC, parte
de una política con la que busca diálogos simultáneos con grupos armados
ilegales y bandas urbanas.
La disidencia, conformada por quienes no firmaron en
2016 el histórico acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, está compuesta por varias agrupaciones
fragmentadas que deciden de manera individual su participación en los diálogos.
“El grupo de alias ‘Calarcá’ continúa en la mesa de
negociación y el cese al fuego. Con la organización de ‘Mordisco’, en el suroccidente
del país, se ha dispuesto que no se pactará un nuevo cese sin las acciones de
desmonte de las economías ilícitas”, afirmó.
En los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del
Cauca, en el suroeste de Colombia, el cese al fuego bilateral pactado en la
mesa de negociaciones se suspendió en marzo luego que la disidencia atacó a una
población indígena y asesinó a una de sus líderes.
Velásquez señaló que la ofensiva busca la “reducción o
supresión de esa organización” por acción de las fuerzas militares y de la
policía, por lo que han incrementado el número de efectivos y las labores de
inteligencia.
El funcionario añadió que pretenden debilitar las
organizaciones criminales a partir de la afectación profunda de sus finanzas,
de las que “obtienen precisamente no sólo su financiamiento, sino también su
enriquecimiento”.
