El ministerio público incorporó 149 pruebas documentales y testimoniales
en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de
narcotráfico y lavado de activos, con el cual busca una sentencia condenatoria.
La incorporación
de las 135 pruebas documentales y 14 pruebas testimoniales fueron presentadas
ante los jueces de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, que preside
Francisco Jerez Mena e integran Nancy Salcedo, María Garabito, Fran Soto y
Francisco Ortega Polanco.
Los procuradores adjuntos Pedro Amador Espinosa y Fernando
Quezada García, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la
Procuraduría General de la República, y Pelagio Alcántara, procurador de Corte,
esperan una sentencia condenatoria en contra de la diputada.
Ayer, el
abogado de la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis
Leonardo Félix Ramos, informó que iniciará la incorporación de nueve testigos a
descargo y un total de 90 pruebas, con la cual busca una sentencia absolutoria.
Félix Ramos Sostuvo que no hay ninguna posibilidad material
de que el ministerio público obtenga ganancia de causa en el proceso, ya que
las pruebas que hablan no le dan razón al ente acusador.
Puso como ejemplo, que ayer miércoles declararon en el
tribunal los últimos dos testigos aportados por el ministerio público y que
ninguno pudo identificar que dentro de las negociaciones que realizará con las
empresas relacionadas con la diputada existe ningún ilícito penal.
“Todas las
transacciones se realizaron por medio de empresa de intermediación financiera,
todos los pagos se realizaron en las cuentas a la que el ministerio público le
atribuye que ella manejó dinero”, adujo el abogado a la salida del tribunal.
Señaló que lo corroboró con los testigos del ministerio
público es que ese dinero en el 98 por ciento son de pagos realizados de
transacciones comerciales de las empresas propiedad de la familia, muy
específicamente las empresas Auto Crédito Selecto, SRL y Servi Crédito Select.
Los testigos que serán escuchados son Jesús Antonio Mejía
Álvarez, Juan Carlos Muñoz, Pavel Rafael Concepción Montalvo, Rodolfo Rafael
García, Hilda Tomasina López Peralta, Hilda Cristina Abreu López, Miguel Arturo
López, Rafael Fernández de León y Julissa Medina González.
El juicio de
fondo se conoce luego de que el entonces juez de la Suprema Corte, Estévez
Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), dictara auto de
apertura a juicio en contra de Pilarte.
Pilarte fue acusada por el Ministerio Público ante la Suprema
Corte Justicia, luego de que fuera identificada como integrante de la red que,
supuestamente, encabeza Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo declarado en
rebeldía, y su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López.
