La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación formal en contra de miembros de una supuesta red criminal de testaferros y prestanombres, que según los fiscales lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María
Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria
Cutupú SRL.
Según la acusación, los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia
Pilarte López, (diputada que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de
Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico), hicieron
aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL,
la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la
mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación
presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial
de La Vega revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles
adquiridos, los cuales están valorados en ciento ochenta y tres millones,
trescientos ochenta y seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y
cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa,
respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos
exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú,
SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos
Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y
Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y
Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con
Sesenta y Cinco Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los
acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3
numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como
la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del
Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova
Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García
Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la
individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la
investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio
Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la
norma, que la acusación presenta pruebas
contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas,
materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados
con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio. Fuente Listín Diario
