Jason Riley, padre de la estudiante de
enfermería asesinada Laken Riley, habla en el Capitolio de Georgia el miércoles
20 de marzo de 2024, en Atlanta. (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution vía AP)
(Arvin Temkar / Associated Press)
ATLANTA —
El Senado de Georgia aprobó
el jueves un par de medidas que pretenden obligar a los gobiernos locales a
colaborar con la deportación de migrantes en lugar de darles albergue, parte de
una respuesta política al homicidio de una estudiante de enfermería
presuntamente cometido por un venezolano en la Universidad de Georgia.
El Senado aprobó el
Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 301 (HB 301 por sus iniciales en
inglés) con 34 votos a favor y 18 en contra. La iniciativa sancionaría a
ciudades y condados que, según los partidarios de la medida, alberguen a
inmigrantes que estén en Estados Unidos sin autorización, cortando la mayor
parte de la ayuda estatal a los gobiernos locales y destituyendo a funcionarios
electos.
Los senadores también
aprobaron en votación de 34-19 el Proyecto de Ley de la Cámara de
Representantes 1105 (HB 1105 por sus iniciales en inglés), el cual pretende
obligar a las autoridades penitenciarias a revisar el estatus migratorio de los
reclusos. Todos los republicanos que componen la mayoría votaron a favor,
mientras que los demócratas votaron en contra.
“No se equivoquen, este es un asunto de seguridad
pública, y lidia con delincuentes”, dijo el senador estatal republicano John
Albers.
Ahora las medidas regresan a la Cámara de
Representantes para un nuevo debate.
Estudios muestran que los migrantes tienden menos a
cometer delitos, en comparación con los estadounidenses nativos. Pero los
republicanos se han enfocado en aquellos que están en prisión desde que José
Ibarra fue arrestado el mes pasado por cargos de homicidio y agresión
relacionados con el deceso de Laken Riley, de 22 años. Las autoridades de
inmigración dicen que Ibarra, de 26 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos
en 2022. Se desconoce si había solicitado asilo.
La votación del jueves se llevó a cabo horas después de
que una comisión del Senado aprobó dos proyectos de ley menos estrictos, lo que
plantea interrogantes sobre cuál será el aspecto definitivo de un paquete final
en materia de inmigración.
Jason Riley, padre de la estudiante, dijo el miércoles
en un discurso ante los senadores que las así llamadas políticas santuario en
el condado Athens-Clarke —donde se ubica la Universidad de Georgia— “condujeron
al asesinato de mi hija”. El alcalde de Athens-Clarke, Kelly Girtz, ha negado
que la ciudad y condado consolidados infrinjan una ley estatal de 2009 en
contra de las políticas de santuario.
“Es sólo una narrativa falsa que los funcionarios
electos están impulsando de que existen ciudades santuario en el estado de
Georgia”, dijo Geovani Serrano, integrante de la Alianza Latina de Georgia para
los Derechos Humanos, uno de los grupos que cabildeó en contra de las
iniciativas en el Capitolio.
El HB 301 permitiría que cualquier residente de
Georgia interponga una demanda para solicitar a un juez que declare que una
agencia infringe la ley de 2009. Si un juez coincide, el estado podría cortar el
envío de ayuda estatal y federal que controle, salvo por unos cuantos servicios
de salud y emergencia. Por ejemplo, un condado o ciudad no recibiría dinero del
estado para la construcción y mantenimiento de caminos.
Los funcionarios podrían solicitar su restitución,
pero sólo si pueden demostrar que su servicio mejoraría la capacidad del
gobierno para cumplir con la ley antisantuario.
El HB 1105 establecería nuevos requerimientos en la
manera como las autoridades penitenciarias deberían cotejar con el Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) para
determinar si se sabe que ciertas personas están ilegalmente en el país. La
iniciativa haría que los funcionarios que “a sabiendas y deliberadamente” no
cotejen el estatus migratorio sean declarados culpables de un delito menor que
la fiscalía general podría procesar. El proyecto de ley también negaría fondos
estatales a los gobiernos locales que no cooperen.
Los demócratas advierten que las reglas podrían causar
que las personas sean detenidas por largos periodos, separarían a padres
nacidos en el extranjero de sus hijos nacidos en Estados Unidos, y sembrarían
desconfianza hacia la policía en las comunidades de migrantes. Albers argumentó
que el impacto de la medida sería mínimo, pues sólo una pequeña cantidad de
jefes de policía de condado no cooperan actualmente.
El requerimiento de ayudar al ICE obligaría a las
prisiones a solicitar lo que se conoce como acuerdo 287(g), que permite a los
agentes locales aplicar las leyes de inmigración. Se desconoce cuántas de estas
solicitudes serían aceptadas, ya que el gobierno federal le ha restado
prioridad al programa. El acuerdo no faculta a las agencias policiales locales
a realizar arrestos específicos en materia migratoria fuera de una cárcel.
