Una persona deposita papeletas de voto por correo en un buzón de entrega de papeletas de voto por correo en el departamento electoral del condado de Clark, en Las Vegas.(AP FOTO/JOHN LOCHER, ARCHIVO)
agencia apWashington, EE.UU.
Con la temporada electoral de Estados Unidos ya en marcha, algunos
funcionarios electorales estatales están expresando su frustración por el hecho
de que el Congreso aún no haya asignado los fondos federales de los que
dependen para ayudar a cubrir los costos de proteger sus sistemas contra
posibles ataques, actualizar equipos y capacitar al personal.
Los
funcionarios electorales enfrentan una larga lista de retos este año, entre los
que se incluyen posibles ciberataques por parte de gobiernos extranjeros,
ataques de “ransomware” por parte de bandas criminales, y la persistencia de la
desinformación electoral que ha llevado al acoso de funcionarios electorales y
erosionado la confianza pública.
La
secretaria de Gobierno de Michigan, Jocelyn Benson, calificó de “desmoralizador
y decepcionante” que el gobierno federal no se haya comprometido a invertir en
las elecciones presidenciales de este año.
“Estamos
gestionando unas elecciones federales que son la base de quién tiene el poder a
nivel federal y tratando de gestionar un montón de riesgos y retos que no han
hecho más que aumentar en los últimos años”, dijo Benson, una demócrata. “Nos
hace sentir que estamos solos”.
Desde las elecciones de 2016 y de la decisión del gobierno
federal de agregar los sistemas de votación de la nación a su lista de
infraestructura crítica, el Congreso ha enviado 995 millones de dólares a los
estados a fin de cubrir tareas de administración y seguridad electoral.
En Colorado, el dinero se ha utilizado para desarrollar un
sistema que permita a los votantes realizar un seguimiento de sus papeletas y
pagar la formación de los funcionarios electorales. Los funcionarios de Florida
destinaron el dinero a aumentar la seguridad del sistema de registro de
votantes del estado. En otros lugares, el dinero federal se ha utilizado para
sustituir equipos de votación y añadir personal de ciberseguridad.
La mayor
parte se asignó antes de las elecciones de 2020, cuando los estados aumentaron
las defensas de ciberseguridad, y se ha agotado. Otros 400 millones de dólares
debían destinarse a gastos electorales relacionados con la pandemia de 2020.
La última parte de la financiación relacionada con las
elecciones fue de 75 millones de dólares aprobados por el Congreso en diciembre
de 2022. Las asignaciones estatales oscilaron entre 5,8 millones de dólares
para California y 1 millón de dólares para Nevada.
“Solo las elecciones de Los Ángeles cuestan 75 millones de
dólares”, dijo Kathy Boockvar, exdirectora de funcionarios electorales en
Pensilvania. “No creo que los funcionarios electorales hayan tenido
expectativas de 400 millones de dólares. La gente ha esperado 75 millones de
dólares, y no está claro si incluso eso llegará”.
DISPUTAS
PARTIDISTAS SOBRE EL PRESUPUESTO
Las negociaciones sobre el presupuesto federal se han visto
envueltas en disputas partidistas, y los organismos funcionan en su mayoría con
los niveles de gasto aprobados para 2023. El Congreso sólo ha podido aprobar
planes de financiación temporales, que abarcan unos pocos meses cada vez. La
próxima fecha límite es el 1 de marzo, día en que expira el plan de
financiación temporal más reciente para algunos departamentos y una semana más
tarde para otros. El gobierno enfrenta la posibilidad de un cierre si no se
aprueban nuevos fondos.
Incluso si se llega a un acuerdo, no hay garantía de que
incluya nuevos fondos para las elecciones. El año pasado, los republicanos de
la Cámara de Representantes calificaron las subvenciones para la seguridad
electoral de “gasto superfluo” y no asignaron dinero para ello en su proyecto
de gastos. En su lugar, se han centrado en iniciativas que prohibirían a las
organizaciones privadas proporcionar dinero a las oficinas electorales.
“Los
estadounidenses merecen tener confianza en nuestras elecciones, lo que
significa que las elecciones deben estar libres de influencias privadas
indebidas”, dijo en una audiencia reciente el representante republicano por
Wisconsin Bryan Steil, quien preside la Comisión de Administración de la Cámara
de Representantes.
Se está negociando una propuesta del Senado de 75 millones de
dólares para la seguridad electoral como parte del paquete final de gasto.
“Administrar unas elecciones libres y justas es un trabajo de
todo el año que requiere planificación y recursos, y los funcionarios
electorales en la primera línea de nuestra democracia necesitan un flujo
constante de financiación para que puedan hacer cosas como reemplazar equipos
obsoletos, reforzar la ciberseguridad y seguir el ritmo de las nuevas tecnologías”,
dijo en un comunicado la senadora demócrata por Minnesota Amy Klobuchar.
DECISIONES DIFÍCILES
En Carolina del Norte, los funcionarios electorales estatales
han tenido que tomar algunas decisiones difíciles, ya que las necesidades han
superado la financiación estatal y federal.
La junta electoral estatal de Carolina del Norte ha eliminado
uno de sus puestos de ciberseguridad, y se ha visto obligada a recortar en
otras áreas para satisfacer algunas de las necesidades de seguridad electoral,
dijo Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la agencia. Un equipo de seis
empleados que se ocupaba de los datos electorales se ha reducido a un solo
puesto de tiempo completo, y a otra persona que colabora a tiempo parcial.
Algunos de los puestos eliminados se financiaban con subvenciones federales que
ya no están disponibles.
"Todos los esfuerzos que hemos realizado en materia de
ciberseguridad han procedido de fondos federales, y sin esa financiación
continua y sin nuevos fondos a través de la legislatura (de Carolina del
Norte), es difícil mantener una postura cibernética fuerte”, afirmó Brinson
Bell.
Durante su reciente reunión, la Asociación Nacional de
Secretarios de Gobierno aprobó una resolución en la que pide al Congreso que
proporcione dinero suficiente para ayudar a los funcionarios a hacer frente a
las amenazas de ciberseguridad.
El secretario de Gobierno de Virginia Occidental, el
republicano Mac Warner, dijo que no está a favor de que se destinen fondos
federales a las elecciones porque “normalmente, vienen con condiciones”.
El secretario de Gobierno de Mississippi, Michael Watson,
también republicano, dijo que acogería con satisfacción la ayuda federal para
las necesidades de ciberseguridad si hubiera flexibilidad en la forma en que
los estados la gastan.
“No me importa necesariamente que haya una sociedad con
cierta financiación, siempre que sean los estados los que tengan la capacidad
de gastar esos dólares, porque lo que ocurre en Mississippi puede ser un poco
diferente de lo que ocurre en Minnesota, Maine o California”, dijo Watson.
PROGRAMAS SOSTENIBLES
Kim Wyman, exsecretaria de Gobierno en Washington, dijo que
los funcionarios federales deberían tener en cuenta las lecciones de las
elecciones de 2000, cuando algunas oficinas electorales estaban bien
financiadas y otras no tanto. Según Wyman, la ley Ayuda a América a Votar (Help
America Vote Act, HAVA) de 2002, aprobada por el Congreso a raíz de la
confusión en las papeletas de Florida, equilibró la situación al destinar 3.200
millones de dólares de fondos federales a los estados. Ahora es necesaria una
inversión similar.
Los funcionarios electorales de Wisconsin han utilizado el
dinero federal anterior para conceder subvenciones a las oficinas electorales
locales que les han ayudado a mejorar su apoyo tecnológico y su formación.
También han podido comprar nuevos equipos de votación y sobres de voto por
correo, dijo Meagan Wolfe, administradora no partidista de la comisión
electoral de Wisconsin.
Nuevo México ha utilizado dinero federal para ayudar a cubrir
los costos de su programa de seguridad electoral. La secretaria de Gobierno, la
demócrata Maggie Toulouse Oliver, dijo que los funcionarios electorales
necesitan previsibilidad.
“Cuando creamos programas, queremos ser capaces de
mantenerlos, no sólo durante un año o dos. Queremos mantenerlos a largo plazo”,
afirmó.
En Minnesota, el estado ha utilizado dinero federal para
crear subvenciones destinadas a los funcionarios electorales locales para la
actualización de los sistemas de votación, incluidos los padrones de votantes y
tabuladores electrónicos. El secretario de Gobierno de Minnesota, Steve Simon,
se mostró preocupado por la falta de financiación federal y por el mensaje que
transmite sobre las prioridades del país.
“Nadie que yo conozca pretende que el Congreso financie las
elecciones estatales”, dijo Simon, un demócrata. “Lo que queremos —para la
seguridad electoral y otros fines— es que sean un socio que nos ayude a cubrir
algunas lagunas”.
