Comunitarios de San
Cristóbal se posicionaron en la parte trasera del politécnico Loyola, para
pedir respuestas por las víctimas de la explosión ocurrida el pasado 14 de
agosto. Fuente externa
Representantes legales de 17 de los afectados de la explosión que el
pasado 14 de agosto cobró la vida de 42 personas, demandaron por daños y
perjuicios al Ayuntamiento municipal y su alcalde José Bienvenido Montás, al
Ministerio de Obras Públicas y Conunicaciones y a su ministro Deligne Ascensión
y a la empresa Consorcio RYLCO y Asociados.
Los abogados Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado
Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez, informaron que el sometimiento fue
depositado ayer en el Tribunal Superior Administrativo, en cumplimiento al
artículo 148 de la Constitución de la República, que según estos juristas,
establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los
ciudadanos en circunstancias como la ocurrida, y más en este caso donde el
control, guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el
dominio de las autoridades en el momento de la tragedia.
Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de
demanda judicial, lo que representa un hecho sin precedentes.
Al cumplirse
seis meses de aquella detonación, familiares de los fallecidos y afectados aún
exigen una investigación más profunda para dar con toda la verdad de los
hechos.
En medio del dolor, con pancartas en manos, decenas de
familias siguen pidiendo justicia para tener un poco de consuelo. Lamentaron
que a seis meses aún no se conozcan con certeza las causas de aquella explosión
que acabó con la vida de 42 personas y afectó a otras tantas. Fuente Listin Diario
