María Corina Machado
es respaldada por la embajada de Estados Unidos. Fuente externa
agencia afpCaracas, Venezuela
La corte suprema de Venezuela ratificó ayer viernes una inhabilitación
política contra María Corina Machado, electa en primarias como la candidata de
la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este año.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, tomó la
decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que
los inhabilitados que "aspiran a postularse" a las presidenciales de
2024 pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en
Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media
Noruega.
Las
inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio
a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas
contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que
solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a
la presidencia.
"El régimen decidió acabar con el Acuerdo de
Barbados", fustigó Machado, que se impuso en las primarias de octubre con
más de 2 millones de votos (92% del total).
"Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de
la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema
criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas.
Eso no va a pasar", agregó.
La Sala
Político Administrativa del TSJ validó los argumentos para sancionar a la política
liberal de 56 años por ser "partícipe de la trama de corrupción orquestada
por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la
República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de
las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la
complicidad de gobiernos corruptos".
Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido como presidente
encargado del país por más de 60 países, incluido Estados Unidos, que
presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.
Machado había sido inhabilitada por un año en 2015 por
asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la
Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a
derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida"
de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en
junio pasado por haber "solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo
económico que generó daños en la salud venezolana".
La decisión
de este viernes cierra en la práctica la posibilidad de que pueda enfrentar a
Maduro, candidato natural del chavismo, en las elecciones previstas para el
segundo semestre de este año con observación internacional, parte también de lo
acordado en Barbados.
- "Sentimiento de cambio" -
El Supremo informó decisiones favorables a los dirigentes
Leocenis García, un expreso y dirigente no alineado con la oposición
tradicional; Richard Mardo, un exparlamentario; el exgobernador del estado
Zulia (oeste), Pablo Pérez; Daniel Ceballos, ex "preso político" y
exalcalde de San Cristóbal (Táchira, oeste); y la exalcaldesa Rosa Brandonisio
de Scarano, de San Diego (centro-norte). Otros dos casos fueron declarados
inadmisibles.
Capriles, de
51 años, que desistió de participar en las primarias opositoras de octubre
pasado, no se apegó al mecanismo de Barbados. La Sala respondió a un recurso
introducido en 2017, año en que fue sancionado por presuntas irregularidades
administrativas durante su mandato como gobernador del estado Miranda
(2013-2017), que abarca parte de Caracas.
"Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de
cambio de los venezolanos", escribió Capriles en X. "Hoy más que
nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del
derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y
pueda cambiar al peor gobierno de la historia".
El mecanismo de impugnación fue creado bajo presión de
Estados Unidos, que lo condicionó a la flexibilización por seis meses de las
sanciones estadounidenses al petróleo, el gas y el oro de Venezuela.
Las negociaciones llevaron también a la liberación de presos
en Venezuela a cambio de la excarcelación en Estados Unidos del empresario
colombiano Alex Saab, acusado por la oposición de ser "testaferro" de
Maduro y que era juzgado en Florida por lavado de dinero.
