Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público depositó en la madrugada de
este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del
Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los imputados en
la Operación Nido.
La procuradora fiscal
Sourelly Jáquez declaró ante medios de comunicación que en el expediente el
órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad
del caso.
“El Ministerio Público ha
presentado la medida de coerción en el presente caso de una estafa fraudulenta
a personas que viven en el territorio nacional y otras en el extranjero”, dijo
Jáquez, quien afirmó que el expediente tiene de más de 400 páginas y unos 200
elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y
financieras, entre otras.
El órgano persecutor ha
establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de
700 millones de pesos, afectando a más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas
en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras
fraudulentas.
Jáquez precisó que para la
elaboración del expediente fueron interrogados imputados, victimas y personas
que vendieron parte de los terrenos donde se construirían los supuestos
proyectos para estafar a las personas.
Además de Jáquez, en el
depósito de la solicitud de medida de coerción participaron los procuradores
fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y de la Fiscalía del Distrito Nacional,
la fiscal Laura Vargas Toledo.
La investigación del órgano
persecutor, en la que son imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo
Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz
Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan
Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños
Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la
mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios
aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca
recibieron.
Además, que cuando
reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la
red, Emmanuel Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia
en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
“Entendemos que los hechos
son graves, que la afectación no es solamente económica, sino también en el
plano psicológico, emocional, familiar, hasta laboral incluso, de muchas de
estas víctimas”, dijo Jáquez, quien indicó que muchas de las personas estafadas
batallan con condiciones delicadas de salud.
La red criminal utilizó los
vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las
que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas,
falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de
las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos
inmobiliarios.
Durante la investigación se
ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma
utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que
estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por
igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios
miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación,
el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el
objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las
querellas ya presentadas.
También buscó que las
víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a
obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros
miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir
evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
En el despliegue de la
Operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso,
el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos
en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Un total de 170 policías y
28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra
de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias
vinculadas al caso.