La SIP muestra su preocupación sobre la reciente aprobada ley que crea la DNI
La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) se sumó a las entidades que expresaron su preocupación por las
implicancias para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de
información que acarrea la reciente promulgada ley 1-24 que crea y regula la Dirección
Nacional de Inteligencia (DNI).
La norma, promulgada el
15 de enero por el presidente Luis Abinader, lleva el número 1-24 y regula el
Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El gobierno dice que la ley "representa un paso importante en la lucha
contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción",
al proporcionar "la herramienta legal necesaria", según afirmó el
vocero de la Presidencia en un comunicado.
Organizaciones locales que
representan a los medios y a los periodistas, como el Colegio de Periodistas y
la Sociedad Dominicana de Diarios, criticaron la ambigüedad de algunos
artículos de la ley y advirtieron sobre sus posibles impactos negativos en el
ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto
profesional.
El artículo 11 de la
nueva legislación, por ejemplo, cita que "todas las dependencias del
Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las
formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y
el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales
se tengan datos o conocimiento, relativas a las atribuciones señaladas en el
artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y
contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional".
El presidente de la SIP,
Roberto Rock, director de La Silla Rota, México, dijo: "Si bien
reconocemos la importancia de las leyes de seguridad nacional para proteger los
intereses y las instituciones del Estado frente a la amenaza del terrorismo,
una regulación tan amplia que obligue a instituciones privadas, como los medios
de comunicación, a entregar todas las informaciones que se requieran, puede
tener implicancias negativas sobre la confidencialidad de las fuentes
periodísticas y el derecho a la privacidad".
El artículo 8 de la
Declaración de Salta de la SIP estipula que "las leyes deben garantizar el
derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los
periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado.
También deben respetar el derecho de las personas al anonimato".
El artículo 26 de la
cuestionada ley establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y
multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes
"oculten informaciones" requeridas por la DNI.
El presidente de la Comisión
de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, editor periodístico de La
Voz del Interior, Argentina, agregó que "el lenguaje amplio y ambiguo de
esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura
entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en
el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho
consagrado en la Constitución".
Jornet subrayó que el secreto
profesional periodístico es una pieza central para que quienes informan a la
sociedad ejerzan su labor con plena libertad y es, además. un instrumento clave
para que la ciudadanía acceda a datos de interés público.
En un editorial
publicado hoy, titulado "La prensa libre reclama un mayor blindaje",
Listín Diario expresó que "con los profundos temores que abriga la
sociedad ante los alcances de la peligrosa Ley 1-24 que entra en colisión con
nuestra Carta Magna, la única alternativa es reformularla en el Congreso,
desmantelando los artículos ambiguos que, por sí mismos, abren válvulas al
desconocimiento o violación de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución".
República Dominicana había avanzado en 2023 a la posición número uno entre 22 países según el Índice Chapultepec de la SIP, un barómetro que mide la situación de la libertad de prensa en las Américas. Fuente Listín Diario