El juez distrital de
Estados Unidos, Roy K. Altman, acogió la petición de reducción de condena del
exdiputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz, quien se declaró culpable de
distribución de cocaína en territorio de estadounidense y de conspiración para
cometer lavado de activos entre 2014 y 2020.
Así lo revela un documento judicial al que el este medio tuvo acceso, que indica que la pena para Gutiérrez ahora será de 65
meses de prisión (poco más de cinco años), seguida de 5 años de libertad
supervisada.
“Se reduce la condena del
acusado a 65 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada,
con efecto a partir del 1 de febrero de 2024”, leía parte del referido
documento.
Esta sentencia fue la
acordad entre Gutiérrez y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el
Distrito Sur de Florida,
"El gobierno no se
opone a la moción del acusado y acepta que, bajo los hechos y circunstancias
particulares de este caso, y teniendo en cuenta la declaración de política
establecida… y los factores de sentencia establecidos en 18 U.S.C. § 3553(a),
el acusado tiene derecho a una reducción de sentencia", indicó la fiscalía
en un comunicado.
Por su parte, Altman
justificó su decisión al asegurar que la petición de reducción de Gutiérrez, y
la posición del Gobierno estadounidense al respecto, son “consistentes” en este
tipo casos.
“Habiendo considerado la
moción del acusado y la respuesta del Gobierno, encontramos que el acusado es
elegible para una reducción de sentencia bajo la enmienda 821 y que tal
reducción es ‘consistente con las declaraciones de política aplicables emitidas
por la Comisión de Sentencias’", indicó el juez en el mencionado documento
judicial.
LO OCURRIDO
En mayo de 2021, Gutiérrez
Díaz aceptó su culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero entre
2014 y 2020 en República Dominicana.
También se declaró culpable
de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento que sería enviada y
distribuida en Estados Unidos.
Los cargos por los que se le imputaban tenían desde
pena máxima, cadena perpetua, y como sentencia mínima 10 años de prisión,
seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5 años. Así como una multa
de hasta 10 millones de dólares.
Mientras que por el cargo
de lavado de activos, la condena era de hasta 20 años de prisión, junto con
libertad vigilada de hasta tres años y una multa de 500,000 dólares o el doble
del valor de los bienes objeto de la transacción, si éste fuera mayor al monto
estipulado.
