El infante, quien era
sobrino de la mujer, fue sometido a un proceso de tortura que terminó
causándole la muerte
La Altagracia RD.- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el
Juzgado de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La
Altagracia, impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en
contra de una mujer y su pareja sentimental, a quienes se les imputa la tortura
y asesinato de un niño de 8 años de edad, sobrino de la imputada, en un hecho
ocurrido en la comunidad de Verón, Punta Cana.
El tribunal, que declaró la
complejidad en el proceso, impuso la medida en contra de Carmen Jiménez, tía
del infante, de quien se omite su nombre para cuidar de la integridad de la
familia de la víctima, y en contra de González Valentín Rojas.
El menor de 8 años de edad
falleció en circunstancias trágicas la noche del pasado viernes, hecho que está
en investigación por un equipo del Ministerio Público, encabezado por la
titular de la Fiscalía de La Altagracia, Claudia Garrido, junto a los también
fiscales Silveria Poueriet R, Hendrich Ramírez, Aneurys Castillo, Alba Mota y
Víctor Camacho.
El médico legista, doctor
Polanco Guzmán, junto con un equipo de la Policía Científica, realizaron el
levantamiento del cuerpo sin vida del menor, quien falleció en un centro de
salud de la provincia La Altagracia el pasado viernes 13 del presente mes.
según diagnóstico médico de
la doctora Pamela Dalle Grave y acta de levantamiento de cadáver instrumentada
por Polanco Guzmán, el cadáver del menor presenta ciento cuarenta y siete (147)
heridas de diferentes tipos, determinando que la causa de la muerte ocurrió por
presentar shock hemorrágico, hipovolémico y séptico, con seis pérdidas dentales
y traumas de diferentes tipos.
En su acusación
provisional, el Ministerio Público responsabiliza a los imputados de violar los
artículos 59, 60, 295, 296, 297, 303-4 numerales 1 y 2, 330, 331 del Código
Penal Dominicano; 396 literal A de la Ley 136-03 Código para el Sistema de
Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, 83 y 86
de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y
Materiales Relacionados, en perjuicio de la víctima y sus familiares.
Por decisión del tribunal,
Jiménez cumplirá la medida de coerción en la Cárcel Pública de Mujeres de
Higüey, y Valentín Rojas lo hará en el Centro de Corrección y Rehabilitación de
Anamuya.