El análisis punto por punto de la controvertida Ley 01-24 acrecienta cada vez más la avalancha de críticas y advertencias por el contenido nebuloso, y hasta peligroso sobre el evidente desborde que esa legislación contiene, en relación a las potestades que se otorgan al Gobierno en un tema tan sensitivo como la operatividad de los organismos de inteligencia en favor de la seguridad del Estado.
Al desmenuzar la Ley -de 39 artículos y 21 páginas,
votada por el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados el 29 de
diciembre del 2023 y promulgada por el Presidente Luis Abinader, el 15 de enero
de 2024- los expertos en derecho constitucional, organizaciones de la sociedad
civil, como la Sociedad Dominicana de Diarios y Participación Ciudadana, se
topan con más y más incongruencias, zonas grises e inobservancias
constitucionales.
Y si bien desde el presidente
Luis Abinader hasta el presidente de la Cámara de Diputados han anunciado
‘disposición’ de enmendar el entuerto, no es menos cierto que no se ha dado un
paso hacia adelante en favor de reformar y/o eliminar la cuestionada
legislación, mientras fluyen querellas contra la misma ante el Tribunal
Constitucional y dos legisladores de la oposición anunciaron el depósito en la
Cámara de Diputados de un proyecto tendente a derogar la ley 1-24.
Esta no es la primera vez
que en el ejercicio de poco más de tres años, el Gobierno del Presidente
Abinader, ha tenido que volver sobre sus pasos con legislaciones, proyectos y
medidas que ha puesto en ejecución y que han recibido el rechazo de sectores
importantes de la sociedad civil.
La voz de alarma de
la Sociedad de Diarios
La Sociedad Dominicana de
Diarios (SDD), que agrupa los principales periódicos nacionales, fue la primera
en levantar la voz de alarma ante la Ley que crea la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI), indicando que la misma contiene una serie de ambiguedades y
zonas grises que ponen en peligro el libre ejercicio de la libertad de prensa y
expresión en el país.
El Presidente Abinader
dijo, entonces, que el Gobierno estaba abierto al diálogo, aunque defendió la
legislación dando “plenas garantías” de que su propósito no era violentar las
libertades públicas, en especial la de prensa y expresión. Del aumento del tono
de las discrepancias, entre gobierno y sectores de la sociedad opuestos a la
nueva legislación, se abrió un diálogo la semana pasada entre la Sociedad
Dominicana de Diarios, representada por los periodistas Persio Maldonado y
Aníbal de Castro, presidente y vicepresidente de la entidad, y Antoliano
Peralta y Luis Soto, Consultor Juriico del Poder Ejecutivo y director del DNI,
en representación del Gobierno.
Horas antes del inicio
del diálogo, que continuará esta semana, el Consultor Jurídico Peralta, emitió
unas tajantes declaraciones al defender la Ley 1-24 indicando que desde el
Gobierno se entiende que la referida legislación es conforme con la
Constitución y planteó que si hay dudas sobre la constitucionalidad o no de un
artículo de una legislación o de una norma cualquiera, el Tribunal
Constitucional es la instancia para ello. “Nosotros creemos que la ley es
conforme con la Constitución… ahora, si el Tribunal no lo entiende así, no
tenemos más que acogernos ahí”, y fue más lejos al indicar que el Gobierno
estaría en disposición de procurar una reforma si “a lo mejor nos convencen de
que estamos equivocados”.
Las reacciones no
se hicieron esperar
“Es evidente que habrá
que modificar esa bendita ley”, fue la exclamación del abogado
constitucionalista Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecuivo de la
Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) al actuar como moderador de un
conversatorio sobre la Ley 01-24 auspiciado por esa entidad, la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y otras academias, con abogados
expertos en materia constitucional.
En ese conversatorio en
la PUCMM los abogados constitucionalistas Ricardo Rojas León, Francisco Franco
y Francisco Álvarez Martínez analizaron punto por punto los articulados de la
ley estableciendo ambiguedades, violaciones constitucionales, zonas oscuras y
una mala estructura de la legislación aprobada y promulgada, mientras la
periodista Edith Febles monstró contundentes videos de la aprobación de la Ley
en la Cámara de Diputados que revelan el ‘manejo sospechoso’ que llevó al
manejo de artículos tan sensibles como el relacionado a las atribuciones de un
juez para el procedimiento de la búsqueda de informaciones bajo las garantías y
respeto de los derechos ciudadanos consignados en la Constitución.
No parece haber muchas
discrepancias en la ‘necesidad’ de reordenar legalmente el sistema nacional de
inteligencia y seguridad del Estado, dado nuevas gamas de delitos
transnacionales y de comisión nacional, como el terrorismo, el crímen
organizado, los ciberdelitos, etc.
Radicales advertencias
Sin embargo, la oposición
es altamente radical desde amplios sectores de la vida nacional en cuanto a las
atribuciones que se otorga a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
que en varios aspectos, como ha establecido la organización de la sociedad
civil Participación Ciudadana “es inconstitucional, debido a que establece la
obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial, ya que de lo
contrario violaría el derecho fundamental a la intimidad” que agregó que por
tanto “esa ley debe ser reformada de inmediato para que se incluya de manera
explícita la obligación de los agentes de la entidad de obtener la autorización
judicial correspondiente antes de solicitar información.
Fue más lejos la
organización de la sociedad civil al indicar que “de no ser reformada, estamos
convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación
correcta en protección de los derechos fundamentales” y dijo que es
comprensible la preocupación que ha generado esta ley en la población “sobre
todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo
la redacción del artículo 11, que incluía la autorización previa de un juez,
sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información con las
limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y
las leyes sectoriales” y dijo que también los artículos 26 y 30 deben ser
revisados.
Y remata: “Esas alarmas
han sonado de manera clara y contundente… la prensa y otros sectores han
desempeñado su papel” y al tiempo que se quejó de que debate haya caido en el
escenario político-electoral señala que “tanto el gobierno como los partidos de
oposición deben asumir su responsabilidad ante las críticas que ahora se hacen
a esta Ley… y dado que parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la
modificación de los artículos cuestionados, se realice de inmediato”.
