Soldados
detienen y registran a un peatón en busca de armas mientras patrullan zonas
residenciales en el norte de Quito, antier. (Foto AP/Dolores Ochoa)(FOTO AP/DOLORES OCHOA)
agencia apQuito,
Ecuador
Patrullas militares y de la
policía realizaron ayer viernes revisiones aleatorias ciudadanas en el centro
de la capital de Ecuador y otros puntos en medio de las medidas de emergencia
que buscan contener la escalada de violencia.
A sabiendas que las acciones para enfrentar la
inseguridad podrían tener un costo a la larga, el presidente Daniel Noboa ya
baraja medidas para poder financiarlas, a través de incremento de impuestos,
generando de inmediato una polémica.
Portando armas largas,
los militares y policías ponen especial atención en sus revisiones a los
ciudadanos que llevaban mochilas o maletas en las instalaciones del transporte
público en pleno centro de Quito, donde la víspera una alerta de bomba provocó
la movilización de la policía que, tras un operativo que incluyó el uso de
perros adiestrados y un robot, pudo descartar la amenaza.
“Espero que los chequeos se realicen a todas las
personas si se va a revisar por razones de seguridad, que sea a todo el mundo y
no una específica parte de la población que ha sido el problema que ha habido
últimamente en las revisiones”, dijo por la noche a The Associated Press la
ciudadana Daniela Chacón durante un revisión en Quito.
La situación de violencia
en Ecuador escaló dramáticamente el fin de semana tras la misteriosa
desaparición en una cárcel de mediana seguridad de Guayaquil del capo Adolfo Macías,
alias “Fito”, jefe del grupo criminal más peligroso del país, Los Choneros, que
mantiene relación con el cártel mexicano de Sinaloa, según las autoridades, y
la posterior fuga de otra prisión de Fabricio Colón Pico, un líder criminal
regional de otra organización criminal, Los Lobos. En un video divulgado en las
redes la víspera, Colón Pico ofreció entregarse a cambio de que las autoridades
garanticen su vida.
Noboa, quien asumió el
poder a fines de noviembre, decretó primero un estado de emergencia a inicios
de semana y posteriormente declaró que el país entraba en un conflicto armado
interno en el cual el objetivo militar era una veintena de organizaciones
criminales y ligadas al narcotráfico y otros delitos, a las que calificó como
“terroristas”.
Las medidas dieron lugar a
una mayor despliegue de los militares y la policía en calles y zonas
estratégicas de la capital y otras ciudades donde la violencia golpea con mayor
rigor. La población, temerosa, al parecer ve con buenos ojos las medidas. En las
principales ciudades, decenas de ciudadanos han acudido a los sitios protegidos
por militares y policías para espontáneamente ofrecerles refrescos,
emparedados, galletas y otras vituallas, especialmente en las noches.
Por otra parte, el gobierno
de Noboa envió por la noche al Legislativo una propuesta de ley económica de
emergencia en un esfuerzo por buscar ingresos para sostener financieramente el
conflicto, que en su parte medular propone subir del 12 al 15% el impuesto al
valor agregado.
LEGISLADORES
Esa propuesta debe ser
analizada y aprobada o negada por los legisladores. Si en 30 días no hay
respuesta, automáticamente entrará en vigencia.
Para el analista y catedrático de la universidad
Central, Santiago García, ese incremento propuesto impactaría negativamente “en
el crecimiento económico del país” tras argumentar que “tendrá un efecto muy
fuerte en la caía de producción y en la baja de los niveles de consumo”.
"Representa una
ventaja para el Estado pero una desventaja para el ciudadano”, añadió a la AP.
Buena parte de los
ecuatorianos seguían el viernes en modo de teletrabajo y con las escuelas en
clases virtuales, en tanto que la mayor parte de negocios y comercios
continuaban cerrados por temor al estado de la violencia.
La crisis escaló el martes
cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en vivo en el canal TC
Televisión en Guayaquil. Los ecuatorianos presenciaron cómo amedrentaron con
armas largas, cortas y explosivos a periodistas y trabajadores de ese medio. La
policía neutralizó a los armados. El hecho dejó un camarógrafo herido de bala
en la pierna.
Noboa visitó las
instalaciones del canal el viernes en medio de un amplio contingente de
seguridad. “Vengo a ver a las personas que fueron víctimas de un atentado
terrorista, que trabajan para un medio estatal... Vengo a verlos y a
solidarizarme con ellos”.
LA VIOLENCIA PERSISTE
La violencia distaba mucho
de ser aplacada a pesar de todo el despliegue militar y policial,
particularmente en las cárceles.
Durante la madrugada, un
cuerpo fue arrojado desde la prisión de la ciudad de Machala —373 kilómetros al
suroeste de Quito— hacia el exterior y las autoridades confirmaron que se trató
de un preso asesinado.
El sistema penitenciario
dijo en su reporte más reciente que 170 funcionarios —155 guardias y 15
administrativos— se mantienen retenidos en siete prisiones, ocho menos que el
día anterior, luego de la liberación de ocho entre el jueves y viernes, indicó.
La espiral de violencia de
los últimos días también ha dejado al menos 14 muertos sólo en la ciudad
costera de Guayaquil, según los reportes policiales. No se ha proporcionado el
número de fallecidos a nivel nacional.
En medio de las medidas de
emergencia, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una declaración de prensa manifestó que
cualquier medida para afrontar la violencia en el país “debe ser proporcional y
limitada a lo requerido a la situación de seguridad”. Agregó que cualquier
restricción de derechos debe respetar los principios de legalidad,
proporcionalidad y no discriminación.
La Organización de Estados
Americanos (OEA), de su lado, expresó el viernes su “profundo rechazo” a los
actos violentos que causan una “grave crisis y conmoción social” en Ecuador,
afectando a la sociedad en general.
El organismo aprobó por
unanimidad una declaración con la que respalda los esfuerzos del gobierno “para
restaurar el orden” y lo insta a “una firme defensa del estado de derecho y el
respeto a los derechos humanos”. Ofreció a su vez la cooperación técnica que
sea posible, ante el pedido de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, de
un “apoyo decidido” de la región para conseguir “eliminar la violencia y luchar
contra la delincuencia organizada internacional”, que —dijo— dejó en 2023 más
de 8.000 muertes violentas en el país sudameriano.
