La Ley 1-24 que crea la DNI tiene artículos contrarios a la Constitución como el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y de los médicos al secreto profesional
Santo Domingo, RD. El Colegio Dominicano de
Periodistas,
Considera una violación
a la Constitución el texto del artículo 11, de que las entidades
públicas y privadas deberán permitir que la DNI recolecte informaciones de
carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma
automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los
servicios de telecomunicaciones, porque atenta contra la privacidad de datos
personales.
Indica que se vulnera la Constitución con la disposición del
acápite 4, del artículo 9, que establece que la DNI puede contrarrestar en el
ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros
que puedan representar un riesgo, amenaza, agresión o subversión para la
seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.
“En el acápite 6 manda a la DNI a realizar libremente labores de
inteligencia en actividades desarrolladas por personas, grupos,
asociaciones violando la Constitución de la República, que establece que todos
los ciudadanos gozan de la libertad y derecho de reunión, porque no especifica
a qué tipo de actividades o reuniones se refiere”, advirtió Henríquez.
ESTADO POLICIAL
El jurista Cándido Simón advirtió que la nueva ley
reinstaura el Estado policial, rompe con el secreto profesional, obliga a los
ciudadanos a ser “chivatos” y permite que el Presidente de la
República vigile a todo el mundo sin orden judicial.
“Esa ley es inconstitucional hasta la médula porque reinstaura el estado
policial, transgrede la cláusula del derecho social y pone el ciudadano al
servicio de una superestructura gubernamental, despojando la esencia del
sistema democrático como valor fundamental intrínseco de la democracia
moderna.”, alertó el jurista.
Cuestionó que la ley disponga que todas las empresas
públicas y privadas, sean sujetos obligados para proveer información de sus fuentes.
Sostiene que infringe
disposiciones constitucionales sobre el derecho
a la reserva de la fuente, la cláusula de confidencialidad del cliente y la
intimidad del paciente.
“Esto implicaría que al
medio de comunicación, la entidad de intermediación financiera, el profesional
de la medicina o de la abogacía que se niegue a romper con el derecho de
confidencialidad de sus pacientes, clientes o imputados, sería pasible de una
sanción penal o económica de graves consecuencias”, precisó Simón.
Considera que la DNI tiene un origen nefasto, porque es el
mismo Departamento Nacional de Investigaciones que surgió en la era de
Trujillo, que tiene su origen en el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), y
luego se convirtió en DNI en la época de Balaguer para espiar a los
izquierdistas y con datos comprados.
“Es una norma de protección al gobierno bajo el
epígrafe sinuoso de seguridad nacional a costa de sacrificar la protección de
los derechos y garantías constitucionales, al instaurar un servicio de
inteligencia que podría actuar sin vigilancia, control ni supervisión
judicial”, alertó el jurista.
VULNERA DERECHOS
El CODUE planteó que la nueva legislación limita
y vulnera los derechos fundamentales de la libertad, la privacidad y el secreto
profesional.
El presidente del CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, lamentó que
surja esa ley después de haber avanzado en los últimos 12 años en tener una
nueva Constitución y legislaciones que amparan y protegen el derecho.
Lacen Custodio expuso que la Constitución dominicana plantea
un sistema de derechos fundamentales que busca un equilibrio entre la libertad
y la justicia social, y en el que la dignidad, la igualdad y la libertad son el
núcleo de valores del sistema de derechos fundamentales que deben protegerse y
garantizarse en entre los dominicanos.
Sostuvo que la normativa tiene ambigüedades en varios artículos, los
cuales pudieran prestarse a interpretaciones diversas, y que dominicanos
vuelvan a vivir abuso de poder, autoritarismo desmedido y las consecuencias de
ese tipo de obligaciones.
Añadió que las obligaciones que impone la ley convertirá a los dominicanos
en “chivatos” al servicio del mejor postor, para obligar ser “oídos y
ojos del Estado” y a estar dispuestos a denunciar cualquier real o presunta
desviación en las actuaciones de terceros”.
Se sumó a la preocupación de la Asociación Dominicana de Diarios,
líderes de las iglesias evangélicas y católicas, la Fundación Institucionalidad
y Justicia (FINJUS) y especialistas en derecho constitucional y penal.
EL FALPO EXIGE
MODIFICACIÓN
El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) expresó su
oposición a la nueva ley promulgada el 15 de enero por el presidente Luis
Abinader y exigió su modificación, a fin de eliminar los artículos 9, 11 y 26.
“No permitiremos que se violen nuestros derechos fundamentales”,
advirtió.
Señaló que la ley otorga nuevas competencias al organismo de
inteligencia, que cercenan los derechos fundamentales y coartan la
libertad.
“Esta ley es ilegal, antidemocrática y peligrosa”, afirmó
Gabriel Sánchez, coordinador nacional del Falpo.
Entiende que busca constreñir las libertades individuales de la
ciudadanía y darle una patente de corso a un organismo con un pasado oscuro.
Criticó el artículo 11 de la ley, que obliga a los
ciudadanos a entregar la información requerida por la DNI, con riesgo de
prisión ante su negativa.
“Este artículo vulnera los derechos fundamentales y coarta la libertad.
Es una aberración al ordenamiento jurídico”, señaló.
El Falpo también cuestionó el artículo 9 de la ley, que podría permitir
interceptaciones telefónicas sin orden judicial, y el artículo 26, que podría
afectar la libertad de prensa y el secreto profesional.
