agencia apLima, Perú
La autoridad carcelaria de Perú
confirmó ayer miércoles la liberación del expresidente Alberto Fujimori, que
cumplía una condena por 25 años de cárcel por asesinato, en acatamiento de una
orden del Tribunal Constitucional emitida el martes para su liberación
“inmediata”.
Mientras, Perú se encontraba ayer
en vilo por la excarcelación del exmandatario, pese al criterio en contra de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para no ejecutar ese fallo.
POR SEGUNDA VEZ
El martes el Tribunal ordenó por
segunda vez en una semana la “liberación inmediata” del expresidente Fujimori,
de 85 años, y le pidió ejecutar ese acto a la agencia administradora de las
cárceles. La decisión avivó la controversia sobre la salida de prisión de
Fujimori, que se logra por un indulto que le fue concedido la noche de Navidad
de 2017 por e l entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Pero la víspera la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado peruano que no
ejecutara la orden del Tribunal Constitucional hasta que el organismo
internacional contara con todos los elementos necesarios para analizar si el
fallo cumple con todas las condiciones.
El presidente de la Corte IDH,
Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución que indica que la solicitud es
para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los 25 peruanos que
fueron asesinados en dos masacres durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) y
por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión.
Ni la presidenta Dina Boluarte
ni sus ministros se han manifestado de forma pública sobre el tema, pero el
jefe de la agencia carcelaria Javier Llaque dijo la víspera a la radio local
RPP que Fujimori no fue liberado el martes por un error de trámite del Tribunal
Constitucional que debía ser subsanado durante la jornada.
"RESPETUOSO"
En septiembre Boluarte dijo en la
Asamblea General de las Naciones Unidas que Perú era un país “respetuoso del
derecho internacional”.
Volker Turk, Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en la red social X,
antes Twitter, que la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori
“es un retroceso preocupante” y añadió que “cualquier liberación humanitaria de
los responsables de graves violaciones de los derechos humanos debe estar en
consonancia con el derecho internacional”.
“Vivimos en una orfandad porque
no tenemos instituciones de ningún tipo capaces de defendernos”, dijo a AP
Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas por las que Fujimori fue
condenado. “Perú da la imagen de un país donde no se garantizan los derechos de
las víctimas y donde los temas de derechos humanos no tienen ninguna
importancia”, añadió. Ortiz indicó que no le sorprendía el silencio de la
presidenta Boluarte, pero recordó que en 2022 cuando era vicepresidenta y
ministra de Inclusión del gobierno del entonces presidente Pedro Castillo
(2021-2022) “expresó su solidaridad a los familiares y su indignación frente al
indulto”.
Razones
Alberto Fujimori fue condenado
en 2009 como autor mediato en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar
que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió en 1991
en Lima, donde militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron con
fusiles a 15 vecinos, incluido un niño de ocho años.
La segunda matanza fue en 1992
cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y
un catedrático de la universidad Enrique Guzmán y Valle.
El indulto de Fujimori fue anulado en 2022 por la
justicia tras detectar graves irregularidades luego de un pronunciamiento en
contra de la CorteIDH y desde entonces el proceso tuvo idas y venidas
judiciales para que fuera efectivamente ejecutado.
