AGENCIA EFECiudad de Panamá, Panamá
El actor y ambientalista
estadounidense Leonardo DiCaprio respaldó este sábado la lucha de los panameños
contra la operación de una gran mina de cobre, epicentro de una crisis nacional
que ha costado la vida de cuatro personas y está dejando pérdidas millonarias
en el país.
El astro de Hollywood republicó en su cuenta de
Instagram una publicación de la organización Re:Wild, que muestra un vídeo
titulado 'Panama Te Quiero Verde, Shut down the mega-mine', de Duletvindigena y
Waguafilms.
"El pueblo de Panamá
se une para defender la naturaleza, pidiendo a la Corte Suprema del país que
declare inconstitucional un controvertido proyecto minero en la selva protegida
Bosque Donoso", indican Duletvindigena, que se define como una "red
social donde se comparte las vivencias de los pueblos Indígenas" y
Waguafilms que genera "producción Audiovisual en territorios indígenas de
Panamá".
El área de la concesión, prosiguen las organizaciones,
"se encuentra en el corazón del mayor corredor biológico de
Mesoamérica", y la "actividad minera tendría impactos destructivos en
los ecosistemas, especies y personas circundantes".
"Un foco de atención
global puede ayudar a los panameños a obtener una victoria crítica para la
biodiversidad y puede allanar el camino hacia un futuro más sostenible",
añade, y pide firmar "la petición para detener el proyecto minero en
Panamá en el #linkinbio".
La Corte Suprema de
Justicia panameña anunció que el próximo 24 de noviembre el pleno de nueve
magistrados instalará una sesión permanente para fallar lo más pronto posible
sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra el contrato ley que renovó,
el pasado 20 de octubre por 20 años prorrogables, la concesión a la empresa
Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Minera Panamá explota la mina Cobre Panamá, la más
grande a cielo abierto de Centroamérica con una inversión de 10,000 millones de
dólares según la empresa, y desde 2019 exporta mineral especialmente al mercado
chino.
La minera niega que su
operación daña el medio ambiente, mientras que el Gobierno del presidente
Laurentino Cortizo asegura que el nuevo contrato garantiza la vigilancia
medioambiental y multiplica por 10 los ingresos al fisco, con un pago anual de
375 millones dólares, frente al anterior contrato, que fue declarado en el 2017
inconstitucional por el Supremo.
La aprobación exprés del
contrato ley por parte del Parlamento y el Ejecutivo provocó las mayores
manifestaciones públicas en décadas en Panamá, que estuvieron salpicadas de
vandalismo por parte de personas señaladas como infiltrados, mientras que a la
Policía se le acusó de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Los sindicatos y grupos indígenas no apoyan la vía
judicial ya activada ante el Supremo e insisten en que el contrato ley sea
derogada por el Parlamento, por lo que mantienen bloqueos en las vías que han
costado ya la vida a 4 personas y al menos 1,700 millones de dólares en
pérdidas a la economía, según las patronales.
