El órgano rector presentó los resultados de la resolución RIC-169-2023
correspondiente a la tercera investigación sobre el caso.
Tras una
tercera investigación, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
informó que encontró nuevas faltas de ilegalidades en el procedimiento de
licitación pública entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre (Intrant) la razón social Transcore Latam, S.R.L., sobre la
instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
En la resolución RIC-169-2023, la DGCP, además de confirmar
todas las irregularidades detectadas en las decisiones anteriores, comprobó que
el contrato suscrito entre el Intrant y Transcore Latam, adicionó servicios no
contemplados en el pliego de condiciones, lo que constituye una contratación
directa dentro del contrato, en violación a los artículos 16 y 20 de la Ley
340-06 de Contrataciones Públicas y los principios de debido proceso y
juridicidad.
“En consecuencia, es nula de pleno derecho la contratación
directa realizada por el Intrant con la razón Transcore Latam, S.R.L., en
cuanto a la prestación del servicio de recaudación de los 305 controladores
existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, lo cual no fue
estipulado en el pliego de condiciones”, destaca el documento de 173 páginas
emitido por la DGCP.
También, se
violó el artículo 3 del Decreto 15-17 sobre el debido proceso en la emisión de
certificado de apropiación presupuestaria, debido a que fue utilizado un
documento emitido por el director administrativo y financiero del Intrant y no
el generado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Además, de que el monto de la adjudicación y del contrato
supera por RD$117,350,900.00 al apropiado para la contratación, comprometiendo
así los recursos del Estado más allá de lo previsto en el certificado.
Se verificó que la garantía de fiel cumplimiento del contrato
presentada por la razón social Transcore Latam, S.R.L., es inferior a la
requerida en el pliego de condiciones, incumpliendo con el requisito de
vigencia dispuesto.
En atención
a las irregularidades graves del procedimiento, la DGCP reitera la nulidad del
pliego de condiciones y del procedimiento, así como que procede la aplicación
de sanciones a los funcionarios y servidores públicos que no ciñeron su
actuación a las normas del debido proceso en el marco de la licitación
realizada.
La resolución en cuestión será remitida la Contraloría General
de la República y su Unidad Antifraude; a la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana; a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(Procompetencia); a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); a la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); al
Ministerio de la Presidencia; a la Unidad de Análisis Financiero (UAF); y a la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para que
realicen las investigaciones pertinentes respecto de los hallazgos relacionados
con emisión de facturas y sus comprobantes fiscales, emisión de línea de
crédito aparentemente regular, conflicto de interés, comportamiento ético de
los servidores públicos, prácticas anticompetitivas, entre otras cuestiones que
puedan desprenderse de la investigación realizada por el órgano rector.
la DGCP, en la próxima semana, también dará a conocer la última resolución en torno al caso, en la cual establecerá el proceso sancionador que aplica contra la empresa adjudicataria. Fuente Listín Diario
