Con una iniciativa para la instalación de semáforos
inteligentes está siendo enviada al Ministerio Público para fines de determinar
las consecuencias legales de las irregularidades.
La Dirección General de
Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el procedimiento de licitación pública
realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)
para la instalación de la red semafórica del Gran Santo
Domingo.
Así lo informó el órgano rector, que anuló el pliego de condiciones, y por consiguiente el procedimiento de licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001, debido a que se identificaron violaciones a los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, y 88, 91 y 94 de su Reglamento de aplicación.
Las irregularidades se constituyen en violaciones a
los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia
de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido
proceso de la Ley 107-13.
La entidad comprobó que al establecer requisitos
excesivos y desproporcionados, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar
experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a
nivel mundial, el pliego resultó restrictivo, aspecto que influyó en la baja
participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva.
Entre las irregularidades
e inobservancias al debido proceso, la DGCP también destaca que los peritos
realizaron evaluaciones técnicas
subjetivas y que de forma deliberada tan solo efectuaron validaciones
de experiencia de uno de los oferentes participantes.
Asimismo, las evaluaciones realizadas por los peritos no se encuentran motivadas y se evidenció que se apartaron del debido proceso al recomendar subsanación de aspectos técnicos que la normativa no permite porque suponen una mejora de la oferta.
Por esto, la DGCP destacó que lo que procedía era que
el Comité de Compras rechazara esas evaluaciones por fundamentarse en criterios
subjetivos, arbitrarios, discrecionales y deliberados.
En atención a estas irregularidades, la entidad Gubernamental
reiteró que el Intrant debe
aplicar las sanciones
disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que
participaron en el referido procedimiento.
Mediante una nota de
prensa, la institución afirmó que esta resolución también se estará entregando
a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA) como parte del proceso de investigación que lleva a cabo.
Con un ENTRAMADO
Se recuerda que en las dos
primeras resoluciones RIC-164-2023 y RIC-165-2023 se comprobó la existencia de
un entramado societario difuso y la presentación de documentación
falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria
que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.
En la nueva resolución
RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la
razón social ESC Group, S.R.L. también se evidencian
irregularidades graves en la adjudicación del contrato.
