Santo Domingo, RD.-.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito
Nacional impuso la medida de coerción de tres meses de prisión
preventiva a la supuesta cirujana plástica venezolana Karla María Moya Boada,
acusada por la Fiscalía del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública
de ejercer ilegalmente la medicina en el territorio nacional.
El juez Rigoberto Sena Ferreras
adoptó la decisión atendiendo a un pedimento del Ministerio Público,
representado por el fiscal litigante Rolando Lima Tapia, quien advirtió lo oportuno
de imponer la medida de coerción contra la imputada, en virtud de la gravedad
de los hechos y porque la misma no cuenta con arraigo suficiente, por lo que
representa peligro de fuga y podría sustraerse del proceso.
El tribunal ordenó que Moya
Boada, quien ejercía la medicina sin tener títulos, cumpla la prisión
preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la
provincia San Cristóbal.
Su apresamiento fue ejecutado el
lunes 25 de este mes por agentes de la Dirección General de Migración
(DGM), atendiendo a una orden judicial en su contra cuando ésta intentó salir
del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, a pesar de que tenía
orden de arresto y está en poder del Ministerio Público.
El Departamento de Crímenes y
Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, determinó
que, con sus acciones, la extranjera habría violentando las disposiciones de
los artículos 147, 148, 150, 151 y 258 del Código Penal Dominicano, así como
los artículos 92 y 156 de la Ley General de Salud 42-01.
Esos artículos 147, 148, 150,
151 del CP resumen que “Se castigará con la pena de tres a diez
años de trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en
escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco, ya sea que
imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones,
disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que
adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o
hacerse constar en dichos actos……”.
Mientras que el 258 de ese mismo
texto establece que “Los que sin títulos hubieren ejercido funciones públicas,
civiles o militares, o hubieren pasado o ejercido actos propios de una de esas
funciones, serán castigados con prisión correccional de un mes a un año, sin
perjuicio de las penas pronunciadas por el Código, por delito de falsedad…….”.
Añade, que de igual forma se
castigará a los infractores, “si los actos pasados o ejercidos por ellos
tuvieren los caracteres de ese delito. Con las mismas penas se castigará el
ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones eclesiásticas”.
El caso
El caso de la falsa cirujana
salió a la luz pública a través el programa “N Investiga” que produce la
periodista Nuria Piera, que difundió varios reportajes revelando que la
venezolana Moya Boada ejercía como cirujana sin títulos que la avalaran.
En ese orden, tras la denuncia
pública de la periodista Nuria Piera, el Ministerio de Salud Pública realizó
una investigación e intervino en el caso y dispuso el cierre del consultorio
“Ki Centro Médico Integral del Caribe”, porque la propietaria, la hoy imputada
Moya Boada, brindaba servicios médicos estéticos de manera irregular.
No obstante haber sido advertida
por las autoridades, la venezolana desafió las autoridades de salud y dos meses
más tarde, en una segunda investigación se determinó que la seudodoctora tenía
abierto un consultorio en el Centro de Medicina Reproductiva Integral y de
Atención a la Femenina (CEMERAF), donde retoma la realización de cirugías
estéticas y empezó a recibir y dar consultas a pacientes en otro centro médico,
razón por la que fue apresada y sometida a la justicia.