La cantante colombiana Shakira es acusada por fiscalía
española de defraudar 6 millones en su nueva causa por delito fiscal.
agencia efe
La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber
defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones
de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un
entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Así lo sostiene el ministerio público español en la querella que
presentó hace 3 meses contra la artista -ya notificada a su domicilio en
Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Barcelona, abra una segunda causa
contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.
No obstante, el gabinete de comunicación de Shakira precisó a EFE que no
ha recibido "notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la
cantante, sobre la querella", y resaltó que su equipo legal está
"centrado en la preparación del juicio" que empezará el
próximo 20 de noviembre.
Shakira será
juzgada ese día en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y
2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía
de Delitos Económicos de esa ciudad española.
En esta ocasión, el ministerio público plantea en su querella
que la artista colombiana pueda declarar como investigada por videoconferencia
desde su domicilio en Estados Unidos, adonde se trasladó desde Barcelona tras
su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
En concreto, la querella sostiene que la cantante defraudó a
la Agencia Tributaria española 5,3 millones del impuesto de la renta sobre
personas físicas (IRPF), correspondientes
a los ingresos que percibió por su gira de 2018 "El Dorado" y
por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el
impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos
financieros.
Para
defraudar al fisco la querellada se sirvió de un entramado societario y
presentó "declaraciones inveraces" del IRPF, en las que omitió
declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró
reducir la cuota a pagar a Hacienda.
Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que
percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad
constituida en Luxemburgo con la que firmó varios "contratos
simulados", de forma que se benefició de una tributación "muy
reducida" que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %.
Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, "era
meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales" que no
llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una "intervención
meramente formal y administrativa".
También
refiere la querella que Shakira utilizó
otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para
"contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes" a su gira
"El Dorado" -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la
firma carecía igualmente de actividad real.
La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos menciona otras 17 sociedades
"instrumentales" con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes
Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la
investigada utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su
carrera musical, así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y
financiero.
Además, el ministerio público considera que Shakira se dedujo
siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque
fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de
carácter "eminentemente personal".
Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet
privado -150.483 euros -, así como billetes de avión para sus dos hijos
y su educadora.
Shakira está pendiente de juicio por otra querella por fraude
fiscal que el ministerio público presentó contra ella, precisamente en el año
2018, una causa que siguió adelante pese a que la artista devolvió 17,2
millones de euros a la Agencia Tributaria -la suma presuntamente defraudada más
los intereses-, una vez que supo que estaba siendo investigada.
En ese proceso, la Fiscalía pide una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23,8 millones para la cantante colombiana.