Migrantes que cruzaron el Río Bravo desde México a Estados Unidos pasan por debajo de un alambre con concertinas, o cuchillas pequeñas, el 22 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (Eric Gay / Associated Press)
CIUDAD DE MÉXICO — Desde el estrado de la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, presentó en mayo las nuevas vías legales de entrada al país para venezolanos y otros migrantes, además de ofrecer un mensaje “muy claro” para quienes lo hiciesen de forma ilegal.
“Nuestras fronteras no están
abiertas. Quienes crucen nuestra frontera de forma ilegal y sin un motivo legal
para quedarse serán procesados y expulsados rápidamente”, indicó.
El miércoles, Mayorkas anunció
la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)
para unos 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio,
incluyendo algunos de los que ignoraron sus severas advertencias y cruzaron la
frontera de forma ilegal. Las circunstancias cambian, pero la ampliación de la
protección por parte del gobierno del presidente Joe Biden puede complicar su
mensaje.
Muchos venezolanos emigrarán a Estados Unidos con o sin
opciones de acogerse al TPS, una ley de 1990 que permite al secretario de
Seguridad Nacional conceder permisos de trabajo renovables por periodos de
hasta 18 meses a gente cuyos países de origen son considerados inseguros debido
a desastres naturales o a conflictos civiles.
Los detractores del gobierno apuntan que la magnitud del
anuncio de Mayorkas animará a los venezolanos a tratar de entrar en Estados
Unidos pensando que las advertencias sobre deportaciones rápidas se olvidarán y
se realizará otra ampliación.
Los contrabandistas de personas se aprovecharán de la
noticia, señaló Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional durante la
presidencia de Donald Trump, cuyo gobierno trató de limitar y reducir
notablemente el uso del TPS.
“Esto solo va a incentivar cada vez más, porque les estás
dando un beneficio que quieren”, dijo.
Otros no están de acuerdo. En el exterior de una estación
de autobuses de Ciudad de México, venezolanos que se dirigían a Estados Unidos
—ninguno de los cuales sabía de las novedades acerca del TPS— contaron que los
empujaban las condiciones en su país. Danny Romero, de 45 años, mostró una foto
de su familia para explicar sus motivos.
“El que tiene 18 años quiere estudiar Medicina, pero ¿cómo
hace su papá para pagar si no tiene la plata? No le puedo truncar ese sueño”,
contó Romero, quien partió de Valencia, una ciudad del norte del país, el 2 de
septiembre.
Viaja con un sobrino y unas pocas pertenencias en una
mochila, mientras sus hijos y su madre esperan en Venezuela. El que quiere ser
médico trabaja ahora como barbero y otro, de 14 años, vende dibujos a un dólar.
La crisis política, económica y social que ha azotado a la
nación en la última década sumió a millones de venezolanos en la pobreza.
Maestros, profesores y otros empleados públicos dependen de otros trabajos
temporales o de las remesas de los familiares en el extranjero para llegar a
final de mes. Al menos 7,3 millones se han marchado del país, muchos de ellos
poniendo en peligro sus vidas en una travesía a menudo agónica hasta Estados
Unidos.
El anuncio de esta semana sobre la protección para 472.000
venezolanos se sumó a los más de 242.000 que se benefician del TPS desde 2021 y
2022.
Regresar a Venezuela no es seguro “debido a las
persistentes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales”,
apuntó Mayorkas.
Seguridad nacional dijo el sábado que utiliza “las escasas
herramientas con las que cuenta” en tanto el Congreso no aprueba los grandes
cambios que necesita el sistema inmigratorio.
“Sin embargo, es vital que los venezolanos comprendan que
quienes llegaron aquí a después del 31 de julio de 2023 no pueden acceder a esa
protección y, en su lugar, serán deportados cuando se determine que no tienen
motivos legales para quedarse”, añadió.
Mayorkas añadió el sábado que su departamento estaba
utilizando todas las herramientas posibles para asegurar la frontera, pero
enfatizó cuestiones más amplias que sólo el Congreso puede solucionar.
“Nuestro sistema de inmigración está absolutamente roto”,
dijo durante una gira con la presidenta hondureña Xiomara Castro en McAllen,
Texas. “Un hecho en el que todos están de acuerdo y el Congreso necesita
arreglarlo. No lo han logrado durante décadas... Más recientemente, el Congreso
aún tiene que actuar respecto de nuestra solicitud de 4.000 millones de dólares
en financiamiento y recursos para abordar el desafío inmediato —financiamiento
que es fundamental para nuestros esfuerzos y para las comunidades fronterizas”.
Durante el mandato de Mayorkas, el TPS se amplió para
cubrir a más de 600.000 personas de 16 países hasta finales de marzo, según el
Servicio de Investigación del. Congreso. El jueves, la secretaría amplió la
protección a unos 14.600 afganos, además de los 3.100 que ya contaban con ella.
Los alcaldes y gobernadores demócratas han aumentado la
presión sobre la Casa Blanca para que les ayude a atender el flujo migratorio.
La Ciudad de Nueva York dice que el 40% de los casi 60.000 solicitantes de
asilo que acoge proceden de Venezuela y, de ellos, 15.000 podrían recibir ahora
el TPS.
Este mes se han encontrado en la frontera más ciudadanos
venezolanos que de cualquier otro país, a excepción de México, según las cifras
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos presentadas
por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En los 17 primeros
días de septiembre se detuvo a 25.777 venezolanos, un 63% más que en el mismo
periodo del mes anterior. Entre ellos había algunos que podrían pasar
legalmente para acudir a citas migratorias programadas, pero la inmensa mayoría
eran cruces ilegales.
En Eagle Pass, Texas, el sábado, se reabrió un puente
ferroviario internacional tres días después de que lo cerraran debido a una ola
de migrantes.
Alrededor de 900 inmigrantes cruzaron el jueves y 1.200 el
viernes a media tarde, dijo el jefe policial del condado Maverick, Tom
Schmerber. Esas cifras fueron inferiores a las de principios de semana.
Muchos migrantes liberados de la custodia de CBP llegaron
al único albergue para migrantes de Eagle Pass, Mission: Border Hope.
El albergue se mudó recientemente a una nueva ubicación que
anteriormente era una tienda Sears. Debido al aumento de migrantes, los
funcionarios del albergue decidieron saltarse la ceremonia de inauguración el
martes y abrir de inmediato, dijo Valeria Wheeler, directora ejecutiva del
albergue.
“Aún no tenemos la señalización”, indicó Wheeler.
Los problemas surgieron el primer día con las tuberías,
pero migrantes como Mari Isabel Cadena dijeron que estaban felices de tener
comida, agua y refugio mientras esperaban que sus familiares fueran liberados y
un autobús que los llevara a sus destinos finales.
Jeremy MacGillivray, representante adjunto de la agencia
migratoria de Naciones Unidas, la Organización Internacional para las
Migraciones, en México, se negó a predecir el impacto de la ampliación del TPS,
pero dijo que, en base a su experiencia, “es probable que medidas de este tipo,
incluso cuando son positivas, animen a la gente a ponerse en marcha”.
Los contrabandistas venden sus servicios diciendo: “Miren,
el presidente Biden anunció la ampliación de esta medida para los venezolanos,
ahora es el momento de ir a la frontera”, agregó.
Pedro Luis Guerra, un venezolano que vivió en el vestíbulo
de una comisaría de Chicago tras llegar a la ciudad en abril con su esposa y un
hijo pequeño, señaló que el TPS será “una gran ayuda” para su familia. Esto
“era lo que tanto pedimos, porque para los que venimos para acá a (...)
trabajar para ganar lo de nosotros mismos sin que nadie nos esté dando nada,
esto es un gran avance”, afirmó.
Guerra apuntó que los venezolanos siguen de cerca las
noticias sobre la política migratoria estadounidense, pero el anuncio de esta
semana no animará a otros a viajar porque “los que llegaron después de julio no
van a poder aplicar, entonces quedan igual, no tienen un beneficio”.
Pero Jenny Martínez, una enfermera de 39 años que vio como
la inflación devoraba su salario en su país, contó que las condiciones allí son
“demasiado terribles” y que los venezolanos están tan desesperados que muchos
intentarán llegar a Estados Unidos sin tener en cuenta lo que les espere en
relación a su estatus legal.
Hablando en Ciudad de México, frente a la estación de bus
donde esperaba tomar uno hacia el norte junto a su hija adolescente y a su hijo
pequeño, Martínez contó que la familia ha vivido gracias a las remesas que
enviaba su esposo desde Utah durante los últimos 18 meses y que ahora esperan
reunirse con él allí.
“El gobierno (venezolano) te pone un sueldo mínimo y ¿qué hace uno con eso? Nada”, manifestó. “Los venezolanos van a intentar entrar (a EEUU) como sea, con o sin papeles. Esto es sobre pasar para poder trabajar, para poder enviarle dinero a los abuelos”.
Spagat reportó desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana en Washington, Christopher Sherman en Ciudad de México y Melissa Winder en Chicago contribuyeron a este despacho.