El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional
impuso una garantía económica de 500,000, impedimento de salida del país y
presentación periódica, como medidas de coerción, a los acusados por el
Ministerio Público de incurrir en un desfalco en el Ministerio de Agricultura.
La jueza Lissa Veras impuso la medida de coerción a Julio Enrique Domínguez Solano (Julito y/o El
Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo.
En la audiencia, el ministerio
público estuvo representado por el titular dela Procuraduría Especializada de
Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson
Camacho, quien dijo a la salida del tribunal que los imputados admitieron
los hechos.
Camacho expresó que respetan la decisión de la jueza, pero
que no la comparten. Consideró que debió
imponer prisión preventiva.
"Para este Ministerio
Público corrupción es corrupción sin importar que se robe un peso del erario
público o se roben millones de dólares", enfatizó Camacho, quien estuvo
acompañado de los fiscales Ernesto
Guzmán Alberto, Aurelio Valdez y Yoneiby González.
Recalcó que el compromiso del
Ministerio Público es seguir persiguiendo la corrupción, en cualquiera de sus
manifestaciones e independientemente de si se trata de montos pequeños,
medianos o grandes.
Enfatizó que están comprometidos para garantizar que no
haya impunidad, y para que no se lleve el mensaje de que el que roba poco no le
va a pasar nada.
Ni los imputados ni sus abogados hablaron luego del conocimiento de la medida de coerción.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la
Corrupción Administrativa (Pepca) sometió a la justicia a Solano y a Paredes
Elizondo por estafa de casi cuatro millones de pesos, luego que la Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental le presentó una denuncia que
recibiera del Ministerio de Agricultura.
El Ministerio Público imputa a
Domínguez Solano incurrir en los delitos de coalición de funcionarios,
desfalco, usurpación de funciones y
asociación de malhechores sancionados en el Código Penal.
También, lo acusa de violación
a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y
Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras, Antonio José Paredes Elizondo está acusado de violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Fuente listín diario
