La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su
preocupación por la extensión del régimen de excepción en El Salvador. (SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL
SALVADOR VÍA AP, ARCHIVO)
AGENCIA APSan Salvador, El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
presentó el jueves dos propuestas para reorganizar la división política y
reducir la cantidad de alcaldías en el país de 262 a 44, así como recortar de
84 a 60 el número de curules en el Congreso unicameral.
“Los
municipios se convertirán en distritos, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262
consejos municipales, solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos consejos
municipales” dijo el mandatario en su discurso a la nación por su cuarto año de
mandato.
“¿Cómo es posible que en un territorio de
21.000 kilómetros cuadrados tengamos 262 municipios?”, manifestó el mandatario.
Bukele
señaló que la medida reducirá la carga tributaria y anunció que las tazas
municipales permanecerán sin cambios. Afirmó además que, con el cambio, no
desaparecerían las identidades de los municipios, los cuales se convertirían a
distritos.
“No estamos proponiendo tampoco el despido de
los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza. El
nombre de los municipios no cambiará, continuarán siendo distritos y podrán
seguir celebrando sus fiestas y tradiciones”, aclaró.
Las críticas contra la iniciativa no tardaron
en llegar de parte de legisladores que calificaron la propuesta como una
artimaña electoral.
“El
mandatario cambia la distribución política del país con fines electorales.
Ahora adquiere total sentido la derogación del candado electoral, que impedía
hacer cambios en esta materia a menos de un año de los comicios de 2024”,
señaló vía Twitter el grupo parlamentario de la derechista Alianza Republicana
Nacionalista (Arena).
Bukele también presentó una propuesta para
reducir de 84 a 60 el número de diputados en el Congreso, “como era antes de la
farsa llamada Acuerdos de Paz”, en 1992, indicó.
“Ahora venimos a corregir esa plana. Ambas
propuestas, y espero que así sea, deberían de estar aprobadas y en marcha antes
de las elecciones de 2024”, dijo el mandatario ante la ovación de sus
simpatizantes, quienes coreaban “reelección, reelección, reelección”.
La
acusación contra Cristiani y otras 12 personas se produjo luego de que la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó en enero de 2022
una resolución de la Sala de lo Penal, la cual ordenaba cerrar el proceso
judicial bajo el argumento de que el caso había prescrito.
La Fiscalía argumenta que, en su condición de
comandante general de las Fuerzas Armadas y según la cadena de mando militar,
Cristiani tenía la capacidad de tomar la última decisión en cuanto a la
ejecución de la operación militar que resultó en la muerte de los sacerdotes.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que
con el apoyo de la Policía Nacional Civil, grupos de fiscales se desplazaron
por diferentes lugares del país para iniciar el proceso de extinción de dominio
de 156 propiedades del exmandatario señalado de enriquecerse a través de las
arcas del Estado.
Detalló a los periodistas que estaban
interviniendo 143 inmuebles de la sociedad Cristiani Burkard, siete inmuebles
de la Droguería Santa Lucía, seis inmuebles de la Sociedad Montebro, 15 cuentas
bancarias y 42 vehículos.
Delgado aseguró que Cristiani “se enriqueció
del dinero público” y explicó que él había reactivado una investigación que
había sido abandonada y archivada por los anteriores fiscales generales.
“Estamos interviniendo las propiedades, pero me
voy a asegurar que las investigaciones de naturaleza penal continúan. Vamos a
perseguir aquellas instituciones financieras que le liberaron fondos a Alfredo
Cristiani recientemente”, advirtió.
DESDE LA ONU
En tanto, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos pidió ayer viernes que se levante el estado de
excepción en El Salvador y expresó su preocupación por la reiterada prórroga de
una medida que "elimina el derecho a un juicio justo".
"Reconocemos el complejo reto al que se
enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia", declaró Marta
Hurtado, portavoz del organismo internacional, en una rueda de prensa en
Ginebra, sede del organismo.
"Sin embargo, debilitar el Estado de
derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio
justo no es la respuesta", añadió.
El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el
régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 asesinatos en pocos días.
Desde entonces, al menos 68.000 presuntos pandilleros han sido detenidos sin un
mandato de arresto, según la ONU.
La cruzada contra las pandillas, que
controlaban el 80% del territorio según el gobierno, cuenta con el apoyo de
nueve de cada diez salvadoreños, resaltan las encuestas.
Pero tanto organizaciones de derechos humanos
como la Iglesia Católica han criticado los métodos usados por el presidente
centroamericano, Nayib Bukele.
La Oficina del Alto Comisionado denunció que
entre los detenidos hay al menos 1,600 menores y citó el informe de una oenegé
que apunta a que al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde la
implementación del estado de excepción.
"Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido", exhortó la portavoz.