El
presidente ecuatoriano Guillermo Lasso asiste a una ceremonia para anunciar
reformas tributarias en el palacio de gobierno en Quito, EcuadorDOLORES OCHOA / AP
AGENCIA EFEEcuador
El Gobierno de Ecuador emitió un reglamento de
respaldo a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que busca garantizar las
acciones de las entidades del orden en la lucha contra la delincuencia y el
terrorismo.
"Hoy
damos otro paso importante en nuestro propósito de mejorar las condiciones y
herramientas que tienen policías y militares para actuar en defensa de los
ciudadanos, y proteger derechos y libertades", aseguró el presidente
ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, al suscribir el documento.
"El
absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o
dispare a un ciudadano, se terminó", enfatizó el gobernante durante el
acto de suscripción del reglamento en el Palacio de Gobierno, en el centro de
Quito.
El
Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza es un instrumento
que aclara disposiciones confusas de la norma y profundiza aspectos relevantes
para la actuación de policías, militares y guardias de las prisiones, precisó
la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.
Por ejemplo -añadió la fuente-, define con
claridad que "la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro
inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros
de la fuerza pública".
PROTECCIÓN LEGAL PARA
POLICÍAS Y MILITARES
Con
este reglamento también la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que
la normativa la respalda, pues los instrumentos legales "guiarán de forma
razonable la actuación de los jueces y
fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su
trabajo", añadió la Secretaría en su escrito.
De su lado, el titular de la Secretaría
Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, recalcó que policías,
militares y guías penitenciarios estarán
amparados por el reglamento.
Ellos "deben y van a hacer el uso de los
instrumentos legales y materiales para obligar a aquellas personas que han
escogido actuar fuera de las normas de convivencia y la ley a presentarse ante
ella", remarcó Bravo.
La
suscripción del instrumento se suma a otras acciones dirigidas por el Gobierno
para la seguridad del país, luego que el pasado 27 de abril el Consejo de
Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) sugiriera declarar al terrorismo como
una amenaza contra el Estado y su seguridad integral, después de una oleada de
acciones y atentados de crimen organizado que fueron calificados de
terroristas.
TERRORISMO DECLARADO
COMO AMENAZA
El pasado 3 de mayo el presidente Lasso firmó
un decreto ejecutivo que acogió la disposición del Cosepe (el máximo organismo
asesor en materia de seguridad) y dispuso que las Fuerzas Armadas en
coordinación con la Policía ejecuten operaciones para contrarrestar a personas
y organizaciones que cometan actos terroristas.
A
inicios de mayo eran 30 los presuntos delincuentes que habían sido abatidos por
la Policía en 2023, frente a los seis de todo 2022, según la cifra brindada por
el comandante general, Fausto Salinas.
Entre otras acciones para combatir la oleada de
crímenes y delitos que afectan el país, el Gobierno anunció su objetivo de incorporar 30.000 policías, con lo que la
cifra de agentes subiría a 80.000 a nivel nacional, además de autorizar el
porte de armas de uso civil por razones de autodefensa.
Asimismo, la Secretaría de Comunicación indicó
que el Gobierno trabaja para dotar a las fuerzas del orden de más armas,
municiones, vehículos y otros equipos.
Al respecto, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que la próxima semana prevé suscribir con la Corte Nacional de Justicia un convenio para las armas incautadas por los agentes en operativos contra el delito, puedan ser usadas por la Policía.