El País
El periódico
Juventud Rebelde –que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas– afirmó esta
semana que el proyecto “se inspira en el legado” de “Fidel Castro Ruz, el gran
comunicador de la Revolución”.
El
Parlamento cubano tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación
Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas
independientes y ONG temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los
digitales no oficialistas que quedan dentro del país.
Las
objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley
sólo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están
vinculados al Estado o al Partido Comunista (PCC, único legal).
Así lo
establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios
nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto
de otro tipo de propiedad".
Pero
en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como
que éstos no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Y que el sistema de
comunicación “actúa conforme al Estado socialista” siguiendo el “ejemplo de
(José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de (...) Marx, Engels y Lenin”.
El
periódico Juventud Rebelde –que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas–
afirmó esta semana que el proyecto “se inspira en el legado” de “Fidel Castro
Ruz, el gran comunicador de la Revolución”.
Cuestiones
como esas han encendido las alarmas en distintas organizaciones
internacionales, quienes afirman que elevará la presión sobre redactores y
medios no oficialistas.
Desde el Gobierno se defiende la
importancia de la ley, la primera en su tipo, y se subraya que esta versión,
que será votada el próximo jueves, es la número 34 –la anterior iba a ser
aprobada a finales de 2022 y se aplazó por la "complejidad" del tema–
y eso deja ver, insisten, que surge de un intenso debate interno.
También destacan novedades con
respecto a versiones previas, como que se permitirá por primera vez la
financiación por publicidad.
NO
RECONOCE A LOS INDEPENDIENTES
En ninguna de las 55 páginas del
proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de
ellos surgidos durante el llamado "deshielo" -el acercamiento entre
EE. UU. y Cuba de 2014 a 2017- y que, en su mayoría, han dejado el país en los
últimos años tras presiones de la Seguridad del Estado.
“Esta
ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos
independientes de los que genera el Estado”, censura en entrevista con EFE
Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo
19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho
a la información.
Esta
crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de
Cuba: “No les reconoce su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo
ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado”, subraya.
Tanto
Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo
Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios
independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde
el extranjero.
No obstante, Rafael Hernández,
director de la revista cubana Temas, y quien formó parte de las discusiones
internas que dieron pie al texto final, discrepa de las críticas y argumenta
que los medios independientes sólo son “antigobierno”, según explicó.
Tampoco concuerda con la idea de
que la ley únicamente da cabida a medios estatales y cercanos al PCC. En su
opinión, en el texto se establece la posibilidad de que se creen medios de
comunicación fuera de la órbita estatal.
De acuerdo con el proyecto,
además de los estatales, se pueden constituir medios que pertenezcan a
“organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros
actores económicos y sociales”, lo que a juicio de expertos independientes no
garantiza diversidad de voces porque la inmensa mayoría están controladas o en
la órbita del PCC.
Sin embargo, la ley no les
permite a estas entidades poner en marcha medios generalistas y les limita la
paleta de contenidos a “la actividad económica o social de su titular”.
Hernández matiza ese punto: “Todo
es política. Las publicaciones de la Iglesia católica (en Cuba), por ejemplo,
no sólo son sobre cosas religiosas”. Para este intelectual está por ver hasta
qué punto la nueva ley “permitirá o no” la “nueva cultura política” que se vive
en la calle.
"SE
CIERRA EL CÍRCULO"
Para Peña, la ley de Comunicación
Social “cierra el círculo” que se inició con la “tolerancia a regañadientes”
del Gobierno cubano durante el "deshielo", un momento en el que
florecieron medios digitales críticos.
Más de cinco años después, un
buen número de estos reporteros y redacciones han tenido que continuar su
trabajo desde fuera de Cuba, principalmente desde Miami, Madrid y México, tras
denunciar presiones de la Seguridad del Estado.
Uno de los últimos episodios
ocurrió el año pasado con el medio independiente El Toque. Nueve de sus
colaboradores –muchos recién graduados– hizo pública su renuncia tras
entrevistas con agentes de la Seguridad del Estado.
“Es difícil hacer periodismo de
calidad de manera independiente porque Cuba es un régimen autoritario (...)
(pero) la prensa independiente ya no depende de que la ilegalicen o no, va a
seguir existiendo por mucho que quieran cortar los hilos y reprimir a los
periodistas”, asegura a EFE una de los reporteras que renunció tras aquellos hechos.
En ese sentido, José Jasán
Nieves, editor jefe de El Toque, sostuvo a EFE que “se tratará de seguir
haciendo periodismo (...) por suerte la nación cubana hace mucho rato que ya
traspasó las fronteras territoriales del país y, por tanto, se puede hacer periodismo
cubano y para Cuba sin estar bajo el efecto de una norma de este tipo” .
También afirmó que el medio –cuya sede está en Miami– seguirá trabajando con colaboradores dentro de la isla pese a las dificultades.
