Las autoridades controlan las cuentas en redes social y denuncian a los críticos del presidente, Vladímir Putin, o de la guerra en Ucrania.(AP FOTO, ARCHIVO)
IAP
AGENCIA APTallin, Estoniancluso cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar
tarde, la periodista y activista evita tomar el metro de Moscú, aunque
probablemente sea la ruta más eficiente.
Esto se debe a que, en el último año, ha sido
detenida cinco veces allí, gracias a un omnipresente sistema de cámaras de
seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decía que las
cámaras simplemente “reaccionaban” a su paso, activando un alerta, aunque a
menudo los mimos agentes no parecían entender el motivo y la dejaban ir tras
unas horas.
“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”,
opina Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras
participar en una manifestación en Moscú y un año más tarde por su activismo
medioambiental.
Para
muchos rusos como ella, cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las
autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en de
redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas.
Incluso una plataforma elogiada en su día por
los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como
una herramienta de control: las autoridades planean utilizarla para entregar
las notificaciones para reclutamiento, frustrando así una táctica popular entre
quienes quieren esquivar el llamado a filas, de evitar que se les entregue la
documentación en persona.
Los activistas sostienen que, bajo el mandato
del presidente Vladímir Putin, Rusia ha aprovechado la tecnología digital para
rastrear, censurar y controlar a la población, construyendo lo que algunos
llaman un “ciber gulag”, una oscura referencia a los campos de trabajo donde se
encerraba a los prisioneros políticos en la época soviética.
“El Kremlin se ha convertido de facto en el
beneficiario de la digitalización y está utilizando toda oportunidad para la
propaganda estatal, para vigilar a la población, para romper el anonimato de
los usuarios de internet”, afirma Sarkis Darbinyan, jefe legal de
Roskomsvoboda, un grupo ruso de libertad en internet al que el Kremlin
considera un “agente extranjero”.
AUMENTO DE LA CENSURA
La aparente indiferencia del Kremlin hacia la
vigilancia digital pareció cambiar tras las protestas masivas de 2011 y 2012,
que se coordinaron por internet, lo que llevó a las autoridades a endurecer sus
controles en línea.
Algunas
regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los
operadores de telefonía móvil e internet a almacenar los registros de llamadas
y mensajes, para compartir la información con los servicios de seguridad si era
necesario. Las autoridades presionaron en vano a empresas como Google, Apple y
Facebook para que guardaran los datos de sus usuarios en servidores rusos y
anunciaron sus planes para construir un “internet soberano” que, en caso de
necesidad, se podría aislar del resto del mundo.
En ese momento, muchos expertos calificaron
estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que
las medidas rusas no parezcan más que una simple cerca comparadas con el gran
cortafuegos chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso.
Algunas
regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los
operadores de telefonía móvil e internet a almacenar los registros de llamadas
y mensajes, para compartir la información con los servicios de seguridad si era
necesario. Las autoridades presionaron en vano a empresas como Google, Apple y
Facebook para que guardaran los datos de sus usuarios en servidores rusos y
anunciaron sus planes para construir un “internet soberano” que, en caso de
necesidad, se podría aislar del resto del mundo.
En ese momento, muchos expertos calificaron
estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que
las medidas rusas no parezcan más que una simple cerca comparadas con el gran
cortafuegos chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso.
Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa
de los derechos en internet, más de 610.000 cibersitios fueron bloqueados o
eliminados por las autoridades en 2022, el récord anual en 15 años, y 779
personas fueron acusadas por comentarios y publicaciones, otro récord.
Un factor importante fue la ley adoptada una semana
después de la invasión que penaliza el sentimiento antibélico, advierte el
presidente de Net Freedoms, Damir Gainutdinov. Además, prohíbe la “difusión de
información falsa” o “desacreditar” el ejército, por lo que se utiliza contra
quienes se oponen públicamente a la guerra.
Human Rights Watch citó otra ley de 2022 que permite
a las autoridades “cerrar extrajudicialmente medio de comunicación y bloquear
contenidos en internet por difundir ‘información falsa’ sobre la conducta de
las Fuerzas Armadas de Rusia u otros organismos estatales en el extranjero o
por propagar llamadas a sancionar a Rusia”.
USUARIOS DE REDES NO DEBEN
SENTIRSE SEGUROS
Las estrictas leyes contra el extremismo aprobadas
en 2014 se centraron en las redes sociales y en los mensajes online, lo que
derivó en cientos de casos penales por publicar textos, compartirlos y expresar
apoyo. La mayoría afectaron a usuarios de la popular plataforma rusa VKontakte,
que supuestamente colabora con las autoridades.
A medida que aumentaba la represión, las
autoridades pusieron la vista también en Facebook, Twitter, Instagram y
Telegram. Aproximadamente una semana después de la invasión, Facebook,
Instagram y Twitter fueron bloqueados, pero sus usuarios seguían siendo
denunciados.
Marina Novikova, de 65 años, fue condenada este mes
en la ciudad siberiana de Seversk por “difundir información falsa” sobre el
ejército en mensajes contra la guerra en Telegram, y recibió una multa
equivalente a más de 12.400 dólares. Una corte de Moscú sentenció la semana
pasada al activista Mikhail Kriger a siete años de cárcel por comentarios en
Facebook en los que expresó un deseo “de ahorcar” a Putin. La famosa bloguera
Nika Belotserkovskaya, que vive en Francia, recibió una condena en ausencia de
nueve años por publicaciones de Instagram sobre la guerra que, de acuerdo con
las autoridades, propagaron “falsedades” sobre el ejército.
“Los usuarios de cualquier plataforma de redes
sociales no deberían sentirse seguros”, afirma Gainutdinov.
A los defensores de derechos les preocupa que la
censura online esté a punto de ampliarse drásticamente a través de sistemas de
inteligencia artificial que peinen las redes y las webs en busca de contenidos
considerados ilícitos.
El regulador gubernamental de medios de comunicación,
Roskomnadzor, anunció el febrero el lanzamiento de Oculus, un sistema de IA que
busca contenido prohibido en fotos y videos en línea, y puede analizar más de
200.000 imágenes por día, frente a las 200 de los seres humanos.
Otros dos sistemas similares que están en fase de
desarrollo se centrarán en textos.
En febrero, el diario Vedomosti citó a un
funcionario no identificado de Roskomnadzor que lamentó la “cantidad y la
velocidad de propagación de falsedades sin precedentes” sobre la guerra. El
funcionario citó también declaraciones extremistas, convocatorias de protestas
y “propaganda LGBT” entre los contenidos prohibidos que serán identificados por
los nuevos sistemas.
Los activistas afirman que es difícil saber si los
nuevos sistemas funcionan y hasta qué punto son eficaces. Darbinyan los
describe como “algo horrible”, que conduce a “más censura”, en medio de la
falta total de transparencia sobre su funcionamiento y regulación.
Las autoridades podrían estar trabajando también en
un sistema de bots que recopilen información en redes sociales, aplicaciones de
mensajería y comunidades online cerradas, apunta el grupo bielorruso de
hacktivistas Cyberpartisans, que obtuvo documentación de una filial de
Roskomnadzor.
Yuliana Shametavets, coordinadora de
Cyberpartisans, dijo a The Associated Press que teme que esos sistemas
automáticos creados por el Estado se infiltren en grupos de redes sociales en
ruso para labores de vigilancia y propaganda.
“Ahora es normal reírse de los rusos, decir que
tienen armas viejas y que no saben luchar, pero el Kremlin es muy bueno en
campañas de desinformación y hay expertos informáticos de alto nivel que crean
productos extremadamente eficaces y muy peligrosos”, afirma.
El regulador gubernamental Roskomnadzor no respondió
a peticiones de comentarios.
OJOS EN Y BAJO LAS CALLES
Entre 2017 y 2018 las autoridades de Moscú
instalaron un sistema de cámaras en las calles habilitadas con tecnología de
reconocimiento facial. Durante la pandemia del COVID-19 en 2020, las autoridades
pudieron localizar y multar a quienes violaban las cuarentenas.
Ese mismo año, los medios rusos reportaron que las
escuelas contarían también con esos sistemas. Vedomosti dice que no estarán
conectadas al sistema de reconocimiento facial apodado “Orwell”, por el autor
británico de la novela distópica “1984” y su “Gran Hermano”, el personaje que
todo lo ve.
Cuando comenzaron las protestas por el
encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny en 2021, se empleó el sistema
para localizar y arrestar a los asistentes, algunas veces semanas después.
Después de que Putin anunció en septiembre del año pasado una movilización
parcial de hombres para luchar en Ucrania, aparentemente ayudó a las
autoridades a atrapar a los evasores.
Un hombre que fue detenido en el metro de Moscú
tras no acudir al llamado a filas afirmó que la policía le dijo que el sistema
de reconocimiento facial había alertado de su presencia, explica su esposa, que
habló con la AP bajo condición de anonimato por temor a represalias.
En 2022, “las autoridades rusas ampliaron su
control sobre los datos biométricos de la población, recopilándolos incluso de
bancos, y emplearon la tecnología de reconocimiento facial para vigilar y
perseguir a activistas”, reportó Human Rights Watch este año.
Maksimova, la activista a la que paran
repetidamente en el metro, presentó una demanda para recurrir los arrestos,
pero perdió. Las autoridades alegaron que, como ya había sido detenida antes,
la policía tenía derecho a retenerla para una “conversación informal”, en la
que los agentes le explican a un ciudadano sus “responsabilidades morales y
legales”.
Maksimova sostiene que los agentes se negaron a
explicarle el motivo por el que figuraba en sus bases de datos de vigilancia,
calificándolo de secreto de Estado. Ella y su abogado impugnaron el fallo
judicial.
En las calles de Moscú hay 250.000 cámaras de
vigilancia con ese software: en la entrada a edificios residenciales, en el
transporte público y en las calles, afirma Darbinyan. San Petersburgo y otras
ciudades grandes, como Novosibirsk y Kazan, cuentan con sistemas similares,
agrega.
Cree que las autoridades quieren armar “una red de
cámaras en todo el país. Parece una tarea titánica, pero hay posibilidades y
fondos”.
VIGILANCIA DIGITAL TOTAL
En noviembre, Putin ordenó al gobierno la creación
de un registro en línea de personas aptas para el servicio militar, luego de
que los esfuerzos para movilizar a 300.000 hombres para combatir en Ucrania
revelaron un gran desorden en los registros de alistamiento.
El registro, que se prometió que estaría listo en
otoño, recopilará todo tipo de datos, “desde clínicas ambulatorias a juzgados,
oficinas tributarias y comisiones electorales”, apuntó la analista política
Tatyana Stanovaya en comentario reciente para la organización Carnegie
Endowment for International Peace.
Esto permitirá a las autoridades entregar las
citaciones de forma electrónica a través de una página web gubernamental que se
utiliza para solicitar documentos oficiales, como pasaportes o títulos de
propiedad. Una vez que el llamado aparezca en la plataforma, los destinatarios
no podrán abandonar el país. Si no se atiende la citación en un plazo de 20
días, haya sido vista o no, se impondrán otras restricciones, como la
suspensión del permiso de conducir o la prohibición de comprar o vender
propiedades.
Stanovaya cree que estas restricciones podrían
ampliarse a otros aspectos de la vida en Rusia mientras el gobierno “construye
un sistema estatal de vigilancia digital total, de coerción y castigo”. Por
ejemplo, una ley aprobada en diciembre obliga a las empresas de taxis a
compartir sus bases de datos con el Servicio Federal de Seguridad, la agencia
sucesora del KGB soviético, dándole acceso a las fechas de los viajes, la ruta
y el pago.
“El ciber gulag, del que se habló de forma activa durante la pandemia, está tomando forma real ahora”, escribe Stanovaya.
