Mauricio
Funes vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel
Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición.(AP FOTO/LUIS ROMERO, ARCHIVO)
AGENCIA APSan Salvador, El Salvador
“Logramos comprobar que estos
dos exfuncionarios, quienes tenían la obligación de proteger a los
salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando
como pandilleros”, dijo en su cuenta de Twitter el fiscal general, Rodolfo
Delgado
Un tribunal de El Salvador
condenó ayer lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por
negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio
de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
En tanto, a su exministro de Seguridad, general David
Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
Funes enfrentaba cargos por
los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el
general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de
actos arbitrarios.
EL SEGUNDO
Funes, de 64 años, se convirtió
así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su
mandato (2009-2014).
El Tribunal argumentó en su
fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la
comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.
Señaló que en el juicio quedó
establecido que ambos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones
ilegales que se realizaban como parte de la tregua pactada con las pandillas
Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 19, en 2012 y 2013.
“Logramos comprobar que estos dos exfuncionarios, quienes
tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a
cambio de favores electorales, actuando como pandilleros”, dijo en su cuenta de
Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado.
“Se consideraban intocables,
pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva, esos que
hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido
condenados a pagar en prisión por el daño causado a la sociedad”, agregó el
ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Añadió que se acreditaron las
reuniones entre pandillas, para lo cual se hacían traslados ilegales de
distintas cárceles, y el ingreso a los penales de orquestas y mujeres, así como
de los mediadores, sin cumplir los debidos protocolos.
Según el tribunal, los directores
de los centros penales no tenían poder de decisión para realizar esas acciones.
Al concluir el juicio Munguía
Payés afirmó que en el proceso hubo muchas irregularidades y se consideró “un
condenado político sólo por haber servido como exministro del presidente Funes.
Me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”.
El exministro de Seguridad dijo
que apelará la condena ya que esperaba que lo dejarán en libertad “porque no
había ningún sustento legal para todas las imputaciones que nos han hecho”.
Funes, que vive en Nicaragua
bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le
otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no estuvo presente en el
juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado
uno de oficio.
Una reforma penal aprobada en
septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.
ACUERDOS DE LA TREGUA
Los testigos -entre ellos el
obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del
Organismos de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo- dijeron en el juicio
que Funes y el general Munguía Payés estaban enterados de todos los pormenores
de los acuerdos de la tregua.
El obispo explicó que la tregua
inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad
conocida como Zacatraz donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas
y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a
cambio de beneficios para ellos.
Pidieron ser trasladados del
penal de máxima seguridad a cárceles comunes, que se les permitieran las
visitas íntimas y la posibilidad de tener celulares.
Luego de esa reunión se realizó
el traslado de los cabecillas a cárceles donde estaban recluidas “sus bases”
para explicarles el acuerdo.
Las llamadas maras o pandillas
tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están
involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, según las autoridades.
También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a
quienes se niegan a pagar.
OTROS CASOS
Este no es el primer caso de
presuntas negociaciones de funcionarios salvadoreños con las pandillas.
Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado
también al gobierno del actual presidente Nayib Bukele de pactar con esos grupos.
El periódico digital El Faro ha
publicado sendos reportajes en los que documentó presuntas negociaciones de
funcionarios de la administración de Bukele con las tres principales pandillas
de El Salvador y una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra
pandilleros de la Mara Salvatrucha, presentada en una corte federal de Nueva
York, señaló a dos altos funcionarios de Bukele por haber negociado con esa
pandilla una reducción de los homicidios a cambio de supuestos beneficios entre
los años 2019 y 2021.
No obstante, ni en El Salvador
ni en Estados Unidos hay una acusación formal dirigida específicamente contra
funcionarios del gobierno de Bukele.
Los homicidios se redujeron en El Salvador durante el gobierno de Funes pero las cifras repuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción de Munguía Payés. Las nuevas autoridades retiraron los beneficios a los pandilleros presos.
