EFE
Quito,
Ecuador
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y
familias de las víctimas de las masacres ocurridas en cárceles de Ecuador
presentaron este viernes una demanda contra el Estado ecuatoriano para que no
se repitan más estos episodios y recibir justicia, verdad y reparación para las
víctimas.
La acción de protección fue presentada en Guayaquil
por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el
Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres
Familiares de Personas Privadas de Libertad.
El recurso busca que un juez reconozca la
vulneración de los derechos constitucionales sufridos tanto por las víctimas
como por sus familiares, al haber sido asesinados en un espacio donde
supuestamente están bajo custodia y resguardo del Estado.
"Es la primera vez en la historia que, de
forma colectiva, familiares reclaman justicia ante mecanismos judiciales por
hechos ocurridos dentro de las cárceles", señalaron los promotores de la
demanda en un comunicado.
De acuerdo a los datos de estas organizaciones, son
más de 600 presos los que han muerto desde 2019, la mayoría asesinados en una
serie de catorce masacres, la última de ellas la pasada semana en la
Penitenciaría del Litoral, de Guayaquil, con un saldo de doce fallecidos y tres
heridos.
Estas matanzas se han dado en un contexto de
enfrentamiento entre distintas bandas criminales rivales que se disputan el
control interno de las cárceles, cuyas instalaciones registran en algunos casos
un hacinamiento que puede llegar al 50 % y unas condiciones de reclusión
precarias.
"TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES"
Las organizaciones y colectivos consideraron que,
"en medio de esta crisis, las familias de los presos han recibido tratos
crueles, inhumanos y degradantes, como registros íntimos, extorsiones y
desembolsos económicos para la manutención de los encarcelados, cuando lo debía
hacer el Estado".
"Además, tortura psicológica y, por último, un
daño irreversible, como lo es el dolor de perder a un ser querido, lo que ha
dejado cientos de niños y jóvenes huérfanos, que no han recibido atención del
Estado", añadieron en el comunicado.
Los demandantes advirtieron de que "el Estado
ecuatoriano, desde los distintos organismos, ha permitido que se normalicen las
muertes dentro de prisión, ocasionando que las familias de las personas
encarceladas pasen escenarios de tortura permanente".
BUSCAN ROMPER IMPUNIDAD
El director ejecutivo del CDH, Willy Navarrete,
señaló a EFE el deseo de las familias y de las organizaciones para "que se
rompa ese ánimo de impunidad con el que estos hechos han venido
tratándose".
Navarrete lamentó que la indiferencia del Estado
hacia las familias se mantenga hasta la actualidad, lo que considera "un
castigo" que se extiende a ellas más allá de la condena que había recibido
su pariente, y a las que acusan de introducir armas y drogas en las cárceles
cuando los casos revelados a apuntan a fuerzas de seguridad.
Asimismo, incidió que, si bien la demanda está
firmada por 30 familias, el objetivo es que las más de 600 familias puedan
beneficiarse.
INDEMNIZACIONES Y DISCULPAS
La reparación exigida contempla las disculpas
públicas del Gobierno, la implementación de una comisión de la verdad y
atención psicológica gratuita y permanente a los núcleos familiares víctimas de
las masacres.
También piden como acciones de reparación que opere
una mesa técnica interinstitucional y multidisciplinaria con decisiones
vinculantes, que implemente reformas al sistema penitenciario y defina una
indemnización económica que deberá ser estipulada por los jueces competentes
por daño moral y daño al proyecto de vida causado.
En representación de las familias de las víctimas
acudió a presentar la demanda Ana Morales, quien aseguró que lo hace por la
memoria de los hijos asesinados," porque no son un número estadístico, no
van a formar parte de un archivo de un escritorio".
La demanda tiene el acompañamiento de más de 30
organizaciones, instituciones, académicos y entidades internacionales de
derechos como Humans Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (Cejil), además de Luis Barrios, exintegrante de la
Comisión para el Diálogo y Pacificación Carcelaria en el Ecuador.
