EFE
Puerto
Príncipe
El
secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha reafirmado la
"urgente necesidad" del despliegue de una fuerza armada internacional
especializada en Haití, tal y como subrayó en una carta que dirigió al Consejo
de Seguridad de la ONU en octubre de 2022.
"Reitero
la urgente necesidad del despliegue de una fuerza armada internacional
especializada", reza el último informe del secretario general al Consejo
de Seguridad publicado este jueves en Puerto Príncipe.
Este
despliegue debería combinarse con el apoyo estratégico y de asesoramiento de la
Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, por sus siglas en
francés) para crear capacidad policial.
"El
despliegue de dicha fuerza sigue siendo esencial para ayudar a las autoridades
nacionales a frenar la violencia contra el pueblo haitiano y las violaciones de
sus derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y crear las condiciones
propicias para la celebración de elecciones creíbles", señala el
documento.
La violencia
en Haití sigue aumentando y las autoridades estatales no responden
adecuadamente. Las poderosas bandas armadas atacan a la Policía Nacional, que
carece de recursos suficientes y se enfrenta a enormes obstáculos en su lucha
por impedir que las pandillas refuercen su control sobre el país.
Guterres
expresó su preocupación por el hecho de que las bandas también estén atacando a
los niños, incluso reclutando a menores. Muchos haitianos están abandonando el
país y la creciente inseguridad sigue provocando desplazamientos internos.
"El
acceso humanitario y el acceso a los servicios básicos, como la educación y la
salud, siguen estando restringidos, incluso fuera de la capital", informa
el documento, que recuerda que la inseguridad alimentaria ha alcanzado un nivel
récord, con un estimado de 4,9 millones de personas afectadas, 4 veces más que
en 2017.
Según la
ONU, estos signos muestran claramente que, sin medidas adecuadas, la espiral de
violencia seguirá creciendo, con el riesgo de repercusiones para varias
generaciones.
"Es
esencial que los actores médicos, educativos y humanitarios y sus
instituciones, así como las poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres y
los niños, sean protegidos y respetados por todos", apostilló el
diplomático.
"Debe
restablecerse el Estado de derecho para que el pueblo haitiano pueda ejercer
sus derechos políticos y civiles", afirmó Guterres, que considera que la
lucha contra la violencia de las bandas debe ir acompañada de avances concretos
en la resolución de la crisis política, o las instituciones de Haití seguirán
erosionándose y el pueblo haitiano sufrirá aún más.
Los
esfuerzos deben estar dirigidos a construir el consenso más amplio posible y
definir una hoja de ruta para crear las condiciones políticas y de seguridad
necesarias para celebrar elecciones y restablecer las instituciones elegidas
democráticamente, dijo el funcionario.
"El
pueblo haitiano sigue sumido en una de las peores crisis de derechos humanos en
décadas y en una emergencia humanitaria de grandes proporciones. Debido al elevado
número de muertos y a la extensión cada vez mayor de las zonas controladas por
bandas armadas, la inseguridad en la capital ha alcanzado niveles comparables a
los de países en conflicto armado", señala el informe.
En cuanto al
respeto de los derechos humanos, la situación de las personas que viven en
zonas controladas por bandas armadas sigue siendo "terrible".
Entre el 1
de enero y el 15 de marzo pasados, al menos 531 personas murieron, 300
resultaron heridas y 277 fueron secuestradas en incidentes relacionados con las
bandas, principalmente en Puerto Príncipe.
"Las
actividades de las bandas tienen un impacto catastrófico en los derechos
humanos de los niños. Aunque sigue siendo difícil hacer un seguimiento de los
incidentes debido a las limitaciones de acceso causadas por la
inseguridad", afirmó Guterres.
En Haití, el
número de homicidios denunciados fue de 815 entre el 1 de enero y el 31 de
marzo, frente a los 673 del último trimestre de 2022.
Solo el
departamento de Occidente, donde se encuentra Puerto Príncipe, concentró el 80
% de ellos. Además, en el primer trimestre de 2023 se registraron 637
secuestros, frente a los 391 de los últimos tres meses de 2022, lo que supone
un aumento del 63 %.
