Participación Ciudadana dice que solo una persona de Banreservas es procesada
La
organización cívica Participación
Ciudadana recomendó una investigación profunda del
personal del Banreservas que estaría involucrado en la estructura del
caso Operación Calamar y
a la vez destacó que solo una persona de esa entidad figura en la solicitud de
medidas de coerción.
“La
participación del Banco de Reservas en la apertura de cuentas a las empresas
que recibían los pagos oficiales, dinero que luego era extraído en efectivo vía
centenares de millones de pesos sin que se dispararan las alarmas o se
reportaran ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como operaciones
sospechosas (ROS), debe mover a una investigación profunda del personal
involucrado”, sostuvo Participación
Ciudadana.
La
consideración de Participación
Ciudadana está contenida en un libro que esa institución
presentó titulado “Documento sobre la medida de coerción del Ministerio
Público” en el que se ofrecen informaciones útiles del voluminoso expediente.
“Cabe
mencionar que la UAF es la secretaría técnica del Comité Nacional contra Lavado
de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT) al cual se reporta y que
es presidido por el Ministerio de Hacienda”, detalla.
Asimismo, Participación Ciudadana destacó
que la única persona del Banco de Reservas que figura en la solicitud de
medidas de coerción es el señor Andrés Guerrero, contralor del Banco, en quien
el ex administrador general, Simón Lizardo, delegó esas operaciones.
“Sin
embargo, aunque figura en listado de imputados al inicio de la solicitud, en el
petitorio no se solicita ninguna medida de coerción contra él. Asimismo, en la
querella penal con constitución en actor civil del Equipo de Recuperación
Patrimonio Público (ERPP), interpuesta por el Estado dominicano, se incluye
como cómplices a Simón Lizardo Mezquita, ex Administrador General del Banco de
Reservas, y a Ramón Nicolás Jiménez Díaz, ex Director General de Cumplimiento y
Oficial de Cumplimiento”, indica Participación
Ciudadana.
Acusaciones
El
Ministerio Público acusa al excontralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero,
de violentar todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para
utilizar el Banco de Reservas como una especie de “dispensador de efectivo” de
la estructura del caso Operación
Calamar.
“Este
imputado, a sabiendas de la procedencia ilegal de esos fondos, dispuso y
facilitó que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera
entregado, en efectivo, en las oficinas de Ramón Emilio Jiménez Collie (a)
Mimilo, utilizando para el transporte de miles de millones de pesos los
camiones blindados del banco, en una operación típica de lavado de activos
provenientes de actos de corrupción, en donde él en calidad de contralor estaba
precisamente llamado a evitarlo, lo que hace este hecho más grave aún”, indica
el Ministerio Público.
El
Ministerio Público asegura que la red utilizó importantes instituciones del
Estado como: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República,
la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la
Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y
el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal creada
con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un
rehén de la corrupción.
“La
estructura criminal de corrupción utilizaba recurrentemente las sucursales del
Banco de Reservas que obedecían los intereses particulares de la organización
delictiva, entiéndase, la oficina del Banco de Reservas de la torre Churchill,
cuyo gerente comercial era Carlos Francisco Báez Batista, y el Centro de Acopio
del Banco de Reservas, ID 45232, ubicado en la Ave. Jiménez Moya, del cual el
director de Administración de Efectivos es el señor Francisco Abreu Abreu”,
indicó.
