Los 10 imputados que participaron en audiencia de
este viernes narraron ante el tribunal como operaba el entramado de corrupción
Santo Domingo, RD.- El procurador adjunto Wilson
Camacho señaló que la solidez de la investigación presentada por el Ministerio
Público llevó a 10 de los imputados en la Operación Calamar a admitir este
viernes, ante el tribunal, su responsabilidad en los hechos que se les imputa.
“Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo
simple y llanamente asombroso, y lo es , por tres razones, en primer lugar 10
de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye
el 50% de los imputados, además, constituyen el 100% de los imputados que
hablaron hoy, los cuales admitieron sus hechos y estas admisiones son la
consecuencia directa de la contundencia de la investigación y de que esas
defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del
Ministerio Público son irrefutables, por estas razones llegaron a acuerdos con
el Ministerio Público”, explicó Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la
Corrupción Administrativa (Pepca), quien habló a la prensa a su salida de la
audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también señaló
en un segundo punto, que las admisiones de los imputados corroboran todas las líneas
de investigación que ha presentado el Ministerio Público en este proceso,
además puntualizó el accionar mafioso de esta estructura descrito en las
narraciones realizadas ante el tribunal.
“En tercer lugar, debemos confesar que la forma en la que estos
imputados han narrado ante el tribunal como operaba este entramado de
corrupción, que incluso, ellos le informaban al tribunal que se comportaba como
una mafia y que debemos además confesar que dijeron más de lo que esperábamos
nosotros y fueron más lejos, incluso, en varios puntos en los que había llegado
el Ministerio Público”.
El titular de la Pepca, quien estuvo acompañado en la audiencia de este
viernes por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice
Reynoso y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa
Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez,
Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, indicó que ante estas
confesiones y las pruebas presentadas, el tribunal deberá acoger la solicitud
de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
“Las conclusiones que hemos presentado al tribunal deben ser acogidas y
deben imponerse las medidas de coerción que hemos solicitado”, afirmó.
El jurista también sostuvo que las medidas a partir de estas
declaraciones son, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y
garantía económica en los casos de los 10 imputados que han admitido los hechos
en el tribunal.
El procurador adjunto señaló que la contribución de los imputados no
solo se sustentará en sus admisiones ante el tribunal, sino en su compromiso de
continuar contribuyendo en la investigación que aún desarrolla el Ministerio
Público.
“A partir de este momento y es algo que los imputados han dicho, incluso
al tribunal, sobre su disposición a seguir colaborando con el Ministerio
Público”, sostuvo Camacho, quien precisó que es un tema que el Ministerio
Público manejará en lo adelante conforme a la dinámica de la investigación.
El titular de la Pepca especificó que “estas personas tendrán que
devolver el dinero que hayan recibido ilícitamente, que siempre ha sido un fin
del Ministerio Público”.
Camacho fue enfático y reitero que el Ministerio Público llevará ante la
justicia a toda persona que haya cometido un licito, sin distinción alguna.
“Nosotros vamos a investigar y llevaremos ante los tribunales a todas
las personas que tengamos evidencia que hayan cometido ilícitos, ese ha sido
nuestro accionar en todos los casos y en este, no hay ninguna razón para que sea
la excepción”, puntualizó.
Los imputados que admitieron este viernes su participación en esta
estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar son: Ángel
Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana
Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael
Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil
páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los
miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los
cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de
19 mil millones.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también
figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro
administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras
Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar
Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel
Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los
exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar
Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón
David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los
arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución
de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265,
266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley
155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley
33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, recesó para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia de conocimiento de medida de coerción.
