Santo Domingo, RD.-El
Ministerio Público pidió la noche de este miércoles a los jueces del Cuarto
Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenar
a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai), por
el asesinato a tiros al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
Las fiscales adjuntas Magalis Sánchez, María
Silvestre y Laura Toledo, pidieron al tribunal presidido por Keila Pérez
Santana, Elías Santini Pereira y Arisleida Méndez Batista sentenciar al
imputado al máximo de la pena por haber cometido los hechos que se le imputan.
Las fiscales establecieron en el tribunal que
de la Cruz Mota planificó el asesinato
del ministro, alegadamente porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para
exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa
Aurum Gavia, S.A, debido a que no cumplía con los requisitos exigidos por el
organismo para el otorgamiento de ese tipo de licencia medioambiental.
Las magistradas calificaron la acción del
acusado como “asesinato y porte ilegal
de armas de fuego”, delitos que están tipificados por los artículos 295,
296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67
de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados, que
penalizan el asesinato, el porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
El hecho ocurrió el 6 de junio de 2022 en el
despacho del ministro Jorge Mera, ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito
Nacional.
En la audiencia, que se inició próximo a las
3:00 de la tarde, fueron escuchados unos siete testigos, seis de ellos peritos
que participaron en la escena del crimen, incluyendo
a Dilia Leticia Jorge Mera, quien fue escuchada como testigo y víctima.
El Ministerio Público solicitó a los jueces
sentenciar al imputado en perjuicio de los familiares de la víctima, quienes se
constituyeron en actor civil a través del abogado Miguel Valerio, quien pidió
al tribunal condenar al imputado al pago de una indemnización de 50 millones de
pesos.
El acusado Cruz de la Mota, cumple una medida de coerción de un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal. Por Ramón Cruz Benzan
