Santo Domingo, RD.- La procuradora adjunta y
directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, dijo este martes que la
decisión de la jueza Kenya Romero, quien consideró que había prueba suficientes
para imponer medidas coercitivas a los 20 imputados en esta red de corrupción y
la declaratoria de complejidad del proceso, demuestra la solidez del expediente
presentado por el Ministerio de Público.
“Pensamos que la decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el
Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación.
Prácticamente todas las barras tenían hasta tres abogados, pero les fue
imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes. En virtud de la tutela al
debido proceso, la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la
investigación realizada por el Ministerio Público. La decisión que ha dictado
la magistrada, que varió algunos de los pedimentos que ha solicitado el
Ministerio Público, argumentando en algunos casos situaciones de salud, de
expedientes médicos, y situaciones familiares que presentaron algunos de los
imputados a los que se les varió el pedimento de la prisión preventiva que
había hecho el Ministerio Público”, sostuvo Berenice Reynoso.
La directora de Persecución destacó, además, el hecho de que el tribunal
rechazara todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple, bajo el
argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de
medida de coerción, luego de la presentación de la investigación que hiciera el
Ministerio Público, “son más que suficientes para esta etapa, “es decir que
todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas”.
Reynoso, quien estuvo acompañada en audiencia por el procurador adjunto
titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción
Administrativa (Pepca),Wilson Camacho, y por los procuradores fiscales Miguel
Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo,
Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y
Jhensy Víctor, puntualizó cada uno de los argumentos presentados por las
defensas y que no fueron acogidos por el tribunal.
La procuradora adjunta fue contundente al señalar que esta investigación
continúa en curso y que como lo ha indicado la procuradora general de la
República, Miriam Germán Brito, todo el que haya cometido un ilícito será
llevado ante los tribunales.
“En relación a si habrá más imputados, esta es una investigación en
proceso, la política de este Ministerio Público, que dirige la magistrada
Miriam Germán Brito, es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad
penal será perseguido por el Ministerio Público, de acuerdo al Estado de
derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace, prácticamente, de
trabajar 18 horas al día para trabajar casos fuertes”.
La directora de Persecución del Ministerio Público señaló que en las
próximas horas el órgano persecutor solicitará a la Suprema Corte de Justicia
un juez especial que conozca los hechos que relacionan al diputado Sergio Moya,
mencionado en el Caso Calamar.
“Todo contra quien el Ministerio Público tiene pruebas, con
relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el
Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie
de manera formal la investigación”, dijo Berenice Reynoso, al hablar con la
prensa tras la lectura de la decisión sobre la solicitud de medida de coerción
contra los imputados en Operación Calamar, en el Palacio de Justicia de Ciudad
Nueva.
En su decisión el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva en
contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero y del ex ministro
administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quienes cumplirán la
medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y al
exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo le fue impuesto arresto
domiciliario, garantía económica de 20 millones de pesos, impedimento de salida
del país.
